El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ha expresado este jueves la satisfacción de la plantilla por el fallo del Tribunal Supremo que confirma la anulación del ERE que pretendía aplicar la multinacional en la fábrica de aluminio primario.
En declaraciones a EFE, Zan ha hecho una “valoración positiva” de esta noticia, que llega precisamente en un momento en el que las negociaciones para la posible venta de la planta de aluminio están aparentemente encalladas, sin avances significativos en las últimas semanas.
La resolución del Tribunal Supremo “confirma lo que veníamos diciendo desde el primer momento, que la compañía actuó de mala fe” al plantear un ERE en la fábrica de aluminio primario que, de haber salido adelante, podría haber dejado en la calle a más de quinientos trabajadores.
Se trata, ha apuntado, del tercer revés judicial que se lleva la multinacional, después de que, previamente, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia prohibiese cautelarmente el apagado de las cubas de electrolisis, “auténtico corazón de la fábrica”, y de que, posteriormente, anulase el ERE planteado por la multinacional.
Ahora, ha dicho Zan, queda “sentarse de nuevo a la mesa de negociación” para tratar de buscar “una salida a esta situación”, tanto por parte “de las administraciones como de la propia Alcoa”, bien sea a través de “una venta directa”, con la correspondiente “garantía de la operación a través de un organismo público”, o mediante la intervención de la SEPI.
A pesar de esta buena noticia que llega desde el ámbito judicial, Zan ha recordado que los trabajadores siguen teniendo “el mismo problema”, porque la lucha iniciada hace año y medio lo que busca es garantizar “la producción de aluminio y los puestos de trabajo”, algo que todavía no se ha conseguido.
En ese sentido, ha insistido en la necesaria intervención del Gobierno para facilitar la operación de venta “a un comprador fiable y solvente, elegido por el Ministerio”, que garantice el futuro “industrial” de la comarca, de forma concreta “el mantenimiento del 100 % de la producción y de los puestos de trabajo” en la fábrica.
Asimismo, ha destacado que esa venta tiene que venir obligatoriamente acompañada de “inversiones” que aseguren el futuro y la competitividad de las instalaciones y de un “marco energético” estable y competitivo que haga rentable la producción de aluminio en España.
