La Fiscalía ha mantenido en la última sesión del juicio su petición de 10 años de prisión por abuso sexual para el vecino de Marchal (Granada) al que la Junta de Andalucía retiró en 2018 la tutela de 13 de sus 34 hijos y que ha sido juzgado esta semana en la Audiencia de Granada, aunque también ha optado por introducir una pena alternativa de cuatro años de cárcel en caso de que sea condenado, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
El hombre, que fue denunciado por una de sus hijas cuando era menor, negó en la primera sesión del juicio cualquier tipo de abuso, humillación o castigo físico hacia ella o cualquiera de sus vástagos. "Todo es incierto, no tengo que esconderme. No creo que haya ningún padre que eso lo haga", agregó, vinculando la denuncia de su hija a su pretensión de casarse en aquel momento, algo que supuestamente él le impidió por ser muy joven.
La Fiscalía ha solicitado que sea condenado por unos hechos que supuestamente se produjeron de forma continuada en el tiempo desde que la menor tenía diez años hasta que abandonó el domicilio familiar. La denuncia se interpuso en 2017, cuando la niña tenía 14 años, a raíz de que diera a conocer estos presuntos abusos en el centro donde estaba escolarizada, donde habló de situaciones similares con otras de sus hermanas aunque es este caso el que ha llegado a juicio.
La menor convivía en aquel momento con 23 de sus hermanos y las tres mujeres de su padre en unas cuevas de Marchal. En el juicio, celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia, declaró la directora del instituto donde estaba matriculada la adolescente. Separada por una mampara para proteger su intimidad, relató que todo se desencadenó a raíz de que la menor faltara dos días a clase junto a su primo, con el que mantenía una relación sentimental. El padre se personó en el centro y delante de docentes amenazó a la niña afirmando "ya sabes lo que te espera en casa" y la insultó diciendo que "solo vale para la profesión más antigua del mundo".
La menor trasladó a una profesora con la que tenía confianza su temor a volver a casa por las represalias y, según la directora del centro, se sinceró con ella contándole los presuntos episodios de abusos de su padre a ella y otras hermanas, ante lo que el centro activó el mecanismo por el que la joven denunció los hechos ante la Guardia Civil dando lugar a este caso.
Durante la última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, también la acusación popular ejercida por la Junta de Andalucía ha modificado sus conclusiones y se ha adherido a la solicitado por la Fiscalía, que pide que sea condenado a diez años de prisión y otros diez de alejamiento de la menor, o alternativamente a cuatro años de prisión y cinco de alejamiento. La defensa, ejercida por el letrado Francisco Pérez Vera, ha solicitado la libre absolución y sostiene que pese a lo "peculiar" de esta familia no se han producido los abusos sexuales que se achacan a su cliente.
La presunta víctima, que ya es mayor de edad, fue citada como testigo en la primera sesión del juicio, pero a su llegada a la sala, visiblemente afectada, trasladó su deseo de no declarar y el tribunal le permitió acogerse a la dispensa del deber de declarar que contempla la ley cuando se trata de familiares directos.
