Delegados y afiliados de CSIF se han concentrado esta mañana a las puertas del Parlamento de Andalucía para exigir a las administraciones que intervengan ante Mersant Vigilancia y consigan que esta empresa abone la deuda que mantiene desde hace meses con su plantilla de trabajadores (las nóminas de diciembre y enero, así como la paga extra en el caso de decenas de profesionales). En la provincia de Cádiz, con unos 100 trabajadores, Mersant trabaja para el Ayuntamiento de Cádiz, la Tesorería de la Seguridad Social, el Parque Natural de Los Toruños, el juzgado de La Línea y otros centros públicos. Según CSIF, en toda España hay afectados unos 750 empleados y empleadas y 450 de ellos están en Andalucía.
CSIF y el resto de organizaciones participantes en la protesta, a la que han asistido unas 300 personas, han reclamado a la Junta de Andalucía y a otras administraciones locales que “no miren para otro lado mientras una empresa contratada con dinero público incumple el convenio y los derechos laborales de la plantilla”, de ahí que hayan exigido el cumplimiento estricto del convenio o la “anulación inmediata” de todas las adjudicaciones que tiene la empresa. También han lamentado la “dramática situación de muchos trabajadores que no tienen dinero para mantener a sus familias”, según ha recalcado Enrique Ruiz, responsable de Seguridad Privada de CSIF Andalucía.
Según CSIF, los trabajadores sufren una situación “extrema e insostenible” no sólo por el impago de sus salarios, sino por “el retraso en las resoluciones sobre la infinidad de denuncias cursadas contra la empresa”. En este sentido, los seis sindicatos profesionales del sector ya firmaron una notificación conjunta dirigida a los departamentos de contratación de las administraciones públicas para “que actuasen ipso facto y conminasen a la empresa fraudulenta a saldar su deuda con los vigilantes de seguridad y restablecer la regularidad en el abono de sus nóminas de inmediato”.
Los representantes de los trabajadores también exigen un cambio en el sistema de licitación pública para que no se adjudiquen a la baja, lo que antiguamente se llamaban “bajas temerarias” ni primen el capítulo económico. “Con este sistema, que premia la oferta más barata, no entran empresas solventes, lo que inevitablemente genera impagos. La prioridad deberían ser la solvencia de la empresa y el estudio y la técnica”, ha reclamado Ruiz.
