Nuevo macrojuicio de los ERE, vinculado al hermano del expresidente De la Borbolla

La Audiencia de Sevilla comienza una nueva macrocausa de los ERE sobre ayudas de más de 8 millones de euros a empresas vinculadas al corcho y que sentará en el banquillo al exalcalde de Cazalla Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del que fuera presidente de la Junta de Andalucía.

En el macrojuicio están acusadas cinco personas por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, como presuntos responsables penales, y también las empresas Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera y una entidad bancaria como responsables civiles subsidiarios.

Se trata del tercer macrojuicio, que se prolongará durante 23 sesiones a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo en la sección cuarta de la Audiencia de Sevilla.

Los cinco procesados en esta causa son Ángel Rodríguez de la Borbolla, vinculado a dicho grupo de empresas en ocasiones como socio mayoritario y en otras como administrador único o apoderado, y el coadministrador de las empresas, Rogelio Becerra Martín.

También un empresario portugués de la industria del corcho y administrador de varias de las empresas, Fernando Pedro Moreira Oliveira; y el alcalde de Cazalla de la Sierra Sotero Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas mencionadas.

Asimismo, está procesado un responsable de una entidad bancaria, Gerardo de la Cruz Elías, que "facilitó mediante su firma" la obtención "fraudulenta" del pago de una ayuda a Servicios y Mantenimiento de Cazalla, según señaló el instructor en el auto de procesamiento.

La Audiencia exculpó a un sexto investigado, el que fuera delegado provincial del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) en Sevilla, Manuel Enrique Rodríguez Contreras.

La Fiscalía acusa a los cinco procesados de un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación.

Para Rodríguez de la Borbolla pide 7 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta; 6 años de cárcel y 15 años de inhabilitación absoluta para Sotero Martín Barrero, Rogelio Becerra Martín, Fernando Pedro Moreira, y 4 años de prisión y 12 años de inhabilitación absoluta para el quinto acusado, Gerardo de la Cruz.

El Ministerio Público considera que la empresa Corchos de Cazalla que, junto a Cochos y Tapones de Andalucía (Cortansa), estaba en dificultades financieras que llevarían a la quiebra a esta última, se constituyó en noviembre de 1995 para fabricar otros productos de madera, artículos de corcho, cestería y espartería.

Becerra, que coincidió como concejal del Ayuntamiento de Cazalla con Borbolla cuando era alcalde, era el administrador de la empresa desde 1998, mientras que Rodríguez de la Borbolla fue apoderado además de socio en más del 50% a partir de 2003.

Según la Fiscalía, ambos acusados consiguieron que el director de Trabajo Javier Guerrero, -ya fallecido- beneficiara a la empresa con dos ayudas por importe de 3.003.036,21 euros pero que la Fiscalía considera que "ninguna tiene un objeto concreto y definido".

Se trata de la tercer macrocausa de los ERE tras la denominada 'pieza política' que condenó a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a otros 17 exaltos cargos de la Junta, por la concesión de ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por parte la Junta entre 2001 y 2010, y que se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo.

La segunda de ellas fue a principios de este año cuando la Sección Tercera condenó a siete años y un día al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, y a cuatro años y un día al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, dentro de la pieza por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco).