La resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que da la razón parcialmente a Cointer Concesiones SL y considera que la viabilidad de la oferta de la empresa para la limpieza viaria y recogida de recursos debe ser informado nuevamente no fue bien acogida por el equipo de Gobierno porque “enmaraña más la situación y dilata más el proceso” de adjudicación, en suspenso nuevamente.
Pero, además, ha abierto un debate técnico que se dirimirá en primera instancia en el seno de la mesa de contratación que se celebrará la próxima semana. Fuentes municipales insisten en que la oferta presentada por Cointer es temeraria. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este medio niegan la mayor.
En este sentido, apuntan que, a tenor del dictamen del órgano de arbitraje dependiente de la Diputación Provincial de Cádiz, queda constatado que el informe elaborado por los técnicos municipales que derivó en la exclusión de Cointer “está lleno de errores materiales”.
De acuerdo a la información facilitada al tribunal, las mismas fuentes remarcan que “es prácticamente idéntica económicamente a la competencia”, diferenciándose únicamente en un canon del servicio de 3.500 euros al año en un contrato de 14,5 millones anuales.
“Cointer obtiene la mejor puntuación técnica entre las tres ofertas presentadas. Al sumarla con la económica, resulta un diferencial con el resto de licitadores que causa la presunción de temeridad de la oferta, pero no por falta de canon con el que atender las necesidades del contrato”, explican.
Por lo tanto, concluyen, la oferta era perfectamente viable y, por ello, propusieron adjudicar la misma inicialmente. Solo tras el recurso de Acciona, la mesa de contratación determinó lo contrario, pero las fuentes consultadas indican que las aclaraciones de Cointer han evidenciado que el informe era erróneo, tal y como dice el tribunal.
Un litigio que podría alargarse años
El contrato de limpieza suma 6 años de prórroga y 3 para la nueva adjudicación. Si el Ayuntamiento recurre al TSJA, el litigio podría alargarse años, perjudicando a la ciudad y los trabajadores.
