En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Sala Tercera de la Audiencia, que enjuició el caso, especifica que de los testimonios y pruebas practicadas durante el juicio "no se obtiene un pleno convencimiento de la participación que en los hechos se le imputa al acusado, únicamente podemos establecer sospechas de esa participación pero no plena certidumbre".
Añade que, al no poder fijar como un hecho probado dicha participación, "debemos necesariamente absolverlo de los delitos que se le imputan".
Tanto la Fiscalía como las acusaciones imputaban a Emilio P. P. un delito de incendio forestal con peligro para la vida y la integridad física de las personas y dos delitos de homicidio.
En declaraciones a Efe, el abogado de Emilio, Francisco Lagares, mostró su satisfacción por el resultado del juicio indicando que "lo que desde el principio eran pruebas muy circunstanciales en el juicio, con los testimonios, perdieron más fuerza".
Por su parte, Antonio Rubio, abogado de la acusación particular, respeta el contenido de la sentencia que considera bien argumentada ya que "realiza una evaluación bastante exhaustiva de las declaraciones de los testigos y de los peritos".
Rubio llamó la atención en un punto de la misma en la que la sala hace una consideración sobre la comparecencia de los guardias civiles que "acudieron al juicio sin el atestado en su poder y sin su actuación preparada no aportando con contundencia datos y por tanto, desvirtuando la veracidad de su atestado".
Por último, precisó que está a la espera de reunirse con la familia de los dos fallecidos para determinar si se interpone o no recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Por su parte, el único acusado y ahora absuelto mostró ayer su satisfacción por su absolución y por el hecho de que después de cinco años "se haya hecho Justicia".
En declaraciones a Efe, Emilio insistió, como ya lo hicieran durante el juicio que "lo cogieron como cabeza de turco de este suceso desde un principio, quizás por tener antecedentes penales".
Asimismo, apuntó que confiaba en una sentencia absolutoria porque durante el juicio "no hubo ningún testigo que dijera que yo lo hice o que e situaran en alguno de los focos, e incluso algunos se contradijeron".
El absuelto se lamentó por los cinco años y medio que ha tenido que soportar siendo señalado como el presunto autor de una catástrofe con la que "se ha demostrado nada he tenido que ver", si bien se congratuló de que "por fin haya acabado esta pesadilla y se haya demostrado mi inocencia".
Que abran nuevas líneas de investigación
Mientras, la Plataforma Fuegos Nunca Más, tras conocer esta absolución, reclamó ayer a la Justicia que "no cierre el caso y abra nuevas líneas de investigación". En declaraciones a Efe, el portavoz de la Plataforma, Juan Romero, precisó que "sería lamentable y una página muy negra para los dirigentes e instituciones que uno de los mayores incendios de Andalucía se cerrara sin conocer sus causas ni su autoría".
Tras mostrar el respeto a las decisiones judiciales y asegurar que no es partidario de condenar a una persona sin pruebas suficientes, Romero reclamó que "no se cierre el caso, que se abran nuevas líneas de investigación que indaguen en la autoría e intereses que pudiera haber tras el incendio".
Desde la Plataforma se entiende que abría que esclarecer quiénes son los que están sacando beneficios de esta catástrofe medioambiental, por ejemplo con la autorización de cambios de suelo.
"No se puede pasar página, hubo enormes pérdidas económicas y medioambientales, hasta el punto de que los montes tardarán 60 años en regenerarse", indicó.
También se dirigió a la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, asegurándole que, pese a la información que ella posee, cinco años y medio después del incendio "no se han realizado apenas el 10 por ciento de los trabajos previstos y los 80 millones de euros que se destinaron para la zona afectada se están gestionando mal por lo que los resultados no están siendo óptimos".
El incendio de Minas de Riotinto se produjo el 27 de julio de 2004 en Minas de Riotinto y asoló más de 35.000 hectáreas en las provincias de Huelva y Sevilla y causó la muerte de F. C. F y L. C. P.
