La Fiscalía Anticorrupción solicita 21 años de prisión para Serafín Castellano, exconseller y exdelegado del Gobierno en Valencia, por el presunto amaño de concursos contra incendios para beneficiar a la empresa Avialsa T-35 a cambio de numerosos regalos. Se le acusa de cometer delitos de falsedad documental, malversación, cohecho y asociación ilícita.
El Ministerio Público señala que Castellano y el propietario de dicha empresa, Vicente Huerta, mantuvieron una relación "intensa y corrupta". Anticorrupción sostiene que ambos, incluso con sus familias, compartían "múltiples actividades de ocio en las que fijaban la forma de proceder para lucro de Huerta y de sus empresas con ocasión de la contratación pública con la Administración regional".
Castellano recibía compensación económica por parte de Huerta, así como obsequios tales como un rifle Browning o elevados servicios en hostelería y restauración.
Tal y como recoge Las Provincias, el escrito de Anticorrupción expone que “asociación de personas y empresas del sector vinculado a la extinción de incendios que, con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia".
Además, especifica que se conseguía "mediante el reparto fraudulento del mercado como la licitación por parte de los asociados acusados con turnos y ofertas previamente pactadas entre ellos o, mediante la concurrencia de uno solo de los concertados, al tipo o con bajas insignificantes".
