La Guardia civil y Europol han desmantelado una red dedicada a la comercialización ilegal de carne de caballo no apta para su consumo, en una operación en la que han sido detenidas 35 personas, decomisada más de media tonelada de este producto listo para su venta en una carnicería de Valencia y descubierta en esta comunidad la explotación ganadera donde eran maltratados un centenar de caballos.
Los responsables de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona de la Guardia Civil y de delitos ambientales de Europol, junto con el subdirector de Ganadería y Agricultura de la Generalitat Valenciana han dado cuenta este jueves de la operación Yucatán, en la que se investiga a seis empresas y en la que se ha destapado una con ramificación de la organización en Bélgica, donde han sido detenidas seis personas.
El epicentro de la trama era una explotación ganadera en la provincia de Valencia que operaba de forma clandestina desde 2019 cuando le fueron restringidas las entradas y salidas de caballos.
Al cargo de esta explotación se encontraba el principal responsable de la trama, gran conocedor del mundo equino y que se dedicaba a comprar por toda España caballos de monta que ya no servían para engordarlos en su explotación con el único objetivo de sacar rendimiento económico con su carne.
Así lo ha explicado el capitán de la Guardia Civil José Carlos Martínez Moreno, quien ha detallado que un caballo inservible ya para la monta le podía costar tan solo 100 euros, mientras que el volumen de negocio se estima en más de 4,5 millones de euros.
Todos los responsables policiales han advertido de que el tipo de carne descubierta era un peligro para la salud pública, pues estos caballos no han sido cuidados, alimentados ni medicados para ser sacrificados como los que sí se destinan a la cadena alimentaria.
De hecho, Martínez ha relatado las malas condiciones de malnutrición y desatención médica en las que se encontraban 80 equinos cuando los agentes registraron la explotación, hasta el punto que un animal tuvo que ser sometido a eutanasia inmediata.
El modus operandi que el responsable de la operación seguía para introducir la carne de caballo ilegal contaba con la colaboración de veterinarios y transportistas, ya que también exportaba caballos en condiciones pésimas a Italia, Alemania o Bélgica, país donde el consumo de esta carne es más habitual que en España.
Los investigadores han constatado que se estaban abonando una media de 35.000 euros (dependiendo del país destinatario) a los organizadores de los transportes clandestinos a nivel internacional.
Por otra parte, el líder de la trama gestionaba la venta a cebaderos que se dedicaban a engordar a los animales y también contaba con la colaboración de mataderos de la provincia y veterinarios que "blanqueaban" el etiquetado para las carnicerías.
En este caso, a diferencia de otras operaciones, el fraude no era la venta de carne de caballo etiquetada como si tratara de otro animal como pollo o ternera, sino que la carne de caballo no era apta para su consumo.
Más de media tonelada de esta carne fue inmovilizada cuando ya estaba dispuesta para su venta en una carnicería, cuyo propietario también se encuentra entre los detenidos, por constituir la misma un riesgo para la salud pública, derivado de la mezcla de la misma con carne SANDACH (subproductos de origen animal no destinados a consumo humano).
Tanto los 35 detenidos como las 6 personas jurídicas investigadas están acusadas de delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, maltrato animal, delitos contra la salud pública y falsedad documental.