La sección séptima del Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras acogerá el próximo mes de febrero el juicio contra quince personas, entre ellos cinco guardias civiles destinados a la Aduana del Puerto de Algeciras, acusados de facilitar el contrabando de tabaco a través de sus instalaciones y de blanquear capitales procedentes de esa actividad ilícita, entre otros delitos.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso VIVA, se indica que el considerado el cabecilla de los guardias civiles implicados, tenía contactos con una persona con antecedentes policiales, con quien habría organizado, con la ayuda del abogado de confianza del primero de ellos, estas actividades.
Según la Fiscalía, el guardia civil considerado el cabecilla de la organización y su esposa tenían participaciones en entidades mercantiles, titulares de 30 automóviles y habían participado en la compra de cuatro inmuebles.
En concreto, se acusa al entramado de organización criminal, contrabando de tabaco, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad de documentos mercantiles y oficiales y blanqueo de capitales.
La investigación comenzó a finales de 2012, si bien Vigilancia Aduanera investigó el patrimonio de varios acusados entre 2009 y 2004, que incluía la constitución de una serie de empresas utilizadas para el blanqueo de capitales.
Al principal acusado, junto a su mujer y la hija de ambos, así como el hermano de éste y una persona más de su entorno familiar se les acusa de haber blanqueado un total de 636.336,26 euros a través de sus empresas.
Por su parte, al otro principal acusad, su pareja y el administrador de sus dos sociedades, se les imputa el blanqueo de 1.009.621,20 euros.
El principal acusado era jefe de turno de la sección aduanera de la Guardia Civil en el Puerto de Algeciras en las fechas de los hechos investigados. Para él, la Fiscalía reclama una pena de 28 años de prisión y 14 años de inhabilitación como agente, así como multas por casi once millones de euros.
En cuanto a los otros cuatro agentes, la petición de penas va de los catorce años y medio a los diecisiete años de prisión, además de la inhabilitación para el servicio en la Guardia Civil por periodos que van de diez años y medio a trece años.
Para el abogado de confianza del presunto cabecilla de la organización, para el que piden once años y medio de prisión, mientras que para la esposa del principal acusado, la hija de ambos, un hermano del presunto cabecilla y otra persona del entorno familiar piden penas de nueve años de prisión para cada uno de ellos.
Para el individuo con antecedentes policiales relacionado con el cabecilla se solicitan seis años de prisión, otros cuatro años para su pareja y cinco años para la persona que presuntamente ejerció de administrador de sus dos sociedades mercantiles.
Para otro de los acusados la petición es de ocho años y cinco meses de prisión y para un acusado de cómplice de delito de contrabando solicitan nueve meses de cárcel.
Fuentes cercanas al caso han indicado que el comienzo de la vista oral está prevista para el próximo día 7 de febrero.
