El Pleno municipal ha aprobado la cesión del antiguo Museo Taurino al Obispado para que a su vez le deje en manos de la Unión de Hermandades, que tendrá que reservar un espacio de dicha finca a una exposición permanente de arte sacro.
La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, PP y Ciudadanos y la negativa de Adelante Jerez, Ganemos y el concejal no adscrito Ángel Cardiel.
Como ya se había avanzado, la cesión se hace por un periodo de 30 años, debiendo asumir los beneficiarios el acondicionamiento y el mantenimiento del edificio, que es de titularidad municipal.
La teniente de alcaldesa Laura Álvarez avanzó que una vez el Obispado solicite autorización al Ayuntamiento para que sea la Unión de Hermandades quien asuma la gestión del inmueble se fijarán una serie de condiciones de uso, con una serie de cláusulas cuyo cumplimiento será “fiscalizado” y “controlado” por el propio Consistorio.
En este sentido, Álvarez dejó claro que si esas condiciones de cesión no se cumplen “la reversión” del edificio sería “inmediata”, volviendo por tanto a manos municipales. En cualquier caso, la teniente de alcaldesa se mostró convencida de la importancia que puede tener para la ciudad contar con un equipamiento en el que se exponga el patrimonio de las hermandades, un propósito que enmarcó también en el objetivo de conseguir que la ciudad sea declara capital cultural europea.
El portavoz del grupo popular, Jaime Espinar, entiende igualmente que con esta cesión “se apuesta por la cultura”, coincidiendo con Álvarez en la necesidad de “sumar” nuevos activos de cara a la consecución de esa capitalidad cultural.
Manuel Méndez, de Ciudadanos, sumó nuevos argumentos favorables a la cesión, como la recomendación de los propios técnicos municipales de dar uso a edificios públicos abandonados “para que no se degraden”, garantizándose en este caso el mantenimiento de una finca que se trató de vender sin éxito. Además, cuestionó la capacidad del Ayuntamiento para preservar este patrimonio “cuando tiene locales que se están cayendo a pedazos”.
Desde Adelante Jerez, el concejal de IU Raúl Ruiz-Berdejo se mostró “estupefacto” ante lo que consideró el pistoletazo de salida de la campaña electoral de “la izquierda cofrade”, cuestionando las formas utilizadas en esta operación cuando estos últimos años se estuvo trabajando para regular la cesión de locales municipales.
“Se trata de una acción con claros tintes electoralistas. Estamos de acuerdo en facilitar que haya un museo de arte cofrade, pero no de esta forma ni de esta manera”, añadió.
Kika González, de Ganemos Jerez, también enmarcó esta cesión en la “campaña electoral”, adivinando que el Gobierno local “quiere sacar el voto del Obispado y de la Unión de Hermandades” con esta operación, lamentando también que no se haya promovido un procedimiento que permitiera la libre concurrencia por parte de todos los colectivos.
El concejal no adscrito Ángel Cardiel también habló de “electoralismo cofrade” y de una cesión que se ha hecho “a pecho descubierto” y que permitirá que durante “tres décadas” el “patrimonio de todos” sirva “para el disfrute de unos pocos”.
El popular Jaime Espinar contraatacó acusando a los grupos que se opusieron a la cesión de la finca de hacer “electoralismo” con una “sobreactuación” cargada de “sesgo ideológico”, porque “si el edificio se hubiera cedido a la asociación de amigos del bonsay asiático no hubieran dicho nada”.
En esa línea, la propia Laura Álvarez recordó que un pleno anterior se abordó una cesión similar a la Fundación Proyecto Hombre “y no se dijo ni un perejil”. “Aquí lo que escuece es el sesgo religioso, pero que un Gobierno sea aconfesional no significa que no se pueda trabajar con todos los sectores de la sociedad porque somos el Gobierno de la ciudadanía, independientemente de lo que cada uno comulgue en su vida privada”, zanjó.
El Pleno rechaza las nuevas aperturas en jornadas festivas
El Pleno respaldó por unanimidad una proposición formulada por el grupo socialista a través de la cual se expresa el rechazo de la Corporación a la declaración de Jerez como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT), lo que va a permitir un incremento de las jornadas festivas de apertura autorizada para los establecimientos de más de 300 metros cuadrados de superficie.
La posición del Pleno no modifica el escenario, dado que la Junta ya publicó en el BOJA tanto la declaración como las jornadas festivas en las que se autoriza la apertura de estos negocios.
Para lo único que sirvió el debate fue para que las diferentes fuerzas políticas -especialmente PSOE y PP- se responsabilizaran mutuamente del origen de una medida que, en la práctica, no satisface a nadie.
La alcaldesa, Mamen Sánchez, aprovechó para confirmar que precisamente este jueves se presentaba ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el recurso anunciado contra esta medida, solicitándose la suspensión cautelar de la entrada en vigor de sus efectos hasta que se conozca el posicionamiento del alto tribunal andaluz.
También salió adelante una proposición del grupo socialista contra la supuesta privatización de los servicios de Atención Primaria y otra de Adelante Jerez a través de la cual se insta al Gobierno de España a aprobar un Real Decreto que suspenda hasta enero de 2024 la revisión de las cuotas de todas las hipotecas para viviendas habituales a tipo variable.
Esta formación también defendió una proposición de apoyo a la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular del movimiento de personas migrantes RegularizaciónYa, que demanda una regularización extraordinaria de personas migrantes.
En la sesión plenaria también se aprobó una proposición de Ganemos Jerez de apoyo al cine documental andaluz y otra de Adelante para el desbloqueo de las negociaciones de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Consorcio Provincial de Bomberos.
De igual modo fue aprobada una proposición del PP instando al Gobierno de España a mejorar las conexiones ferroviarias entre Jerez y Madrid.
Por el contrario, se rechazó una iniciativa defendida igualmente por los populares solicitando al Ejecutivo central el cese de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por la polémica suscitada a raíz de las rebajas de penas a condenados por abusos y agresiones sexuales al amparo de la reforma de la ley.
