El exdirector de la Guardia Civil José Manuel Holgado archivó en diciembre de 2017 el expediente que, ocho meses antes, había remitido el Servicio de Asuntos Internos alertando del "incremento de los contratos adjudicados" por distintas unidades del instituto armado al empresario Ángel Ramón Tejera, "Mon", uno de los principales investigados del "caso cuarteles".
Lo hizo, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman a EFE fuentes de la investigación, después de que el teniente general Pedro Vázquez Jarava, entonces al mando de la Subdirección General de Apoyo y otro de los investigados en el caso cuarteles, emitiese en mayo de 2017 un informe en el que concluía que no existía "indicio de delito" y que no era preciso "dar traslado a la Fiscalía" del expediente de Asuntos Internos, que sí que veía "indicios de ilicitud".
Seis meses después de recibir las conclusiones de Jarava, el entonces director de la Guardia Civil en la época de Juan Ignacio Zoido (PP) al frente del Ministerio del Interior ordenó el archivo del expediente de Asuntos Internos y "el cese de las actuaciones", precisan las fuentes.
Más tarde, ya en mayo de 2018, el Servicio de Asuntos Internos recibió un correo electrónico de la Sección de Operaciones del Estado Mayor de la Guardia Civil con un escrito anónimo que llegó a la Secretaría de Estado de Seguridad, en el que, nuevamente se ponían de relieve "irregularidades" en materia de contratación en la Comandancia de Ávila.
Esas supuestas irregularidades han acabado desembocando en el denominado "caso cuarteles", que comenzó en un juzgado de Ávila en 2019, pero que finalmente acabó llegando a uno de Madrid al constatar el juez que en otras comandancias (en total 13) "se habrían producido hechos similares a los de Ávila".
A lo que se refería el juez, en el auto en el que se inhibía al juzgado de Madrid, es que precisamente "a instancia" del teniente Jarava "se habría contratado a las empresas" de Ángel Ramón Tejera, cuyo nombre aparece también en el sumario del caso Mediador, para realizar labores de pintura e impermeabilización.
Esos trabajos, según la investigación, se pagaban mediante la descentralización de una asignación presupuestaria "pese a la ejecución parcial o falta de ejecución" de los servicios contratados, causando "un elevado perjuicio al erario público". Los investigadores calculan que se habrían adjudicado a empresas de "Mon" obras por 3,3 millones de euros entre 2008 y 2019.
Las comandancias de la Guardia Civil afectadas serían Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid.
Además de Jarava y Tejera, en la causa figuran como investigados el exresponsable de la Comandancia de Ávila Carlos Alonso Rodríguez y un trabajador vinculado al empresario.
Antes de ejercer como subdirector general de apoyo de la Guardia Civil, cargo en el que Jarava fue nombrado en septiembre de 2015, estuvo desde diciembre de 2012 al mando de la Subdirección General de Personal. En enero de 2018, con Zoido en el Ministerio, se dispuso su cese en el Mando de Apoyo e Innovación.
