Los hechos se produjeron el pasado jueves 13 de mayo, cuando la docente encontró a la alumna consumiendo un cigarro de hachís en el patio de recreo del instituto, de forma que le pidió que se lo entregara. La alumna, según denunció ayer el sindicato, comenzó a increpar y a amenazar gravemente a la profesora.
Tras los primeros momentos, la afectada fue ayudada por compañeros profesores para reducir a la alumna y evitar una agresión física. Según denuncian, se trata de una alumna especialmente conflictiva, que ya ha sido expulsada en anteriores ocasiones del centro.
Ahora, según indican desde CSI-CSIF, la profesora se encuentra de baja y se ha visto obligada a pedir la comisión de servicio en otro centro y en otra provincia, pues teme que la alumna le agreda cuando cumpla los 29 días de expulsión (es la máxima sanción que establece el plan de convivencia de los centros escolares) y regrese al instituto.
Desde el sindicato insisten en la necesidad de que exista una legislación y unas normas que sirvan para atajar la actitud de alumnos conflictivos de este tipo. Igualmente, el sindicato considera que es esencial una coordinación entre las consejerías de Educación y Asuntos Sociales, de forma que se puedan realizar intervenciones socioeducativas efectivas sobre estos alumnos.
Nuevo caso
El denunciado ayer por el sindicato CSI-CSIF viene a sumarse al anterior caso de agresión en un centro educativo de la barriada de El Saladillo, que se registró a finales de marzo en el IES Saladillo.
En este caso, se trataba también de un joven especialmente conflictivo, que ya había sido expulsado anteriormente del centro por su conducta, y que había propinado dos puñetazos en el pecho a un profesor.
El menor fue expulsado en una segunda ocasión por una nueva infracción, cumpliendo la normativa de 29 días de sanción que establece el plan de convivencia de los centros escolares.
En aquel caso, el sindicato CGT solicitó a la Fiscalía de Menores el traslado del alumno a “un contexto más adecuado que el actual, con mayores apoyos y orientaciones, de forma que tanto él como su familia puedan reconducir conductas y construir relaciones óptimas para sus vidas”.
En el escrito a la Fiscalía, el sindicato afirma que “hemos recabado información suficiente tanto del profesor como de personal del centro. Nos consta que la Dirección tiene un extenso historial, al cual no hemos tenido acceso, que da idea de la urgencia de la intervención de esa Fiscalía”.
“Esta organización sindical, que mira más allá de los intereses de sus afiliados, aboga para que los centros escolares cuenten con personal no sólo docente, que permita el acompañamiento en estos casos de alumnos con dificultades de adaptación”, concluyeron.
