La presidenta, Maribel Brenes, explicó a los periodistas que el trabajo de investigación se ha desarrollado en los últimos años por parte de Rafael Gil Bracero, vicepresidente de la asociación e historiador, quien ha recogido la información obtenida a través de diligencias militares, consejos de guerra, archivos locales o el registro civil.
De entre los datos obtenidos, alrededor de un millar de los restos que yacen en las inmediaciones del camposanto granadino pertenecen a personas que fueron fusiladas en la etapa de posguerra hasta 1956, mientras que el resto pertenecen a los fallecidos en el periodo de la Guerra Civil, de 1936 a 1939.
Además, señaló que 594 de los cuerpos que se cree que están en esta zona no poseen identificación ya que fueron fusilados como personas desconocidas, para las que hasta el momento se desconoce qué tipo de elemento las dignificará, aunque “las tapias deben protegerse y registrar sus nombres”.
La documentación presentada por la ARMH será analizada por técnicos de la Delegación de Cultura en Granada, cuyo responsable, Pedro Benzal, señaló que se trata de un asunto “de urgencia política porque muchos de los familiares tienen una avanzada edad”, por lo que ha afirmado que a su tramitación se le dará “la mayor agilidad posible”.
Tras elaborar el informe, la documentación será remitida a la Dirección General de Bienes Culturales, que determinará cómo queda configurado el espacio: “No se pueden abordar estos asuntos de forma unilateral, sino objetiva e históricamente, con las leyes en la mano y contando con el deseo de las víctimas, que quieren que los nombres aparezcan en el cementerio”.
Por otra parte, el vicepresidente de la asociación, Rafael Gil, lamentó el hecho de que no hayan tenido acceso a unos libros de enterramiento que existían.
