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Tailandia vuelve a la normalidad con el fin del toque de queda

El Gobierno de Tailandia decidió levantar el toque de queda impuesto hace diez días en Bangkok y 23 provincias del país para evitar más episodios violentos de los camisas rojas, tras haber recuperado el control de la seguridad.

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El Gobierno de Tailandia decidió levantar el toque de queda impuesto hace diez días en Bangkok y 23 provincias del país para evitar más episodios violentos de los camisas rojas, tras haber recuperado el control de la seguridad.

“No tenemos que prorrogarlo más. La situación está bajo control”, aseguró en un discurso televisado el primer ministro tailandés, Abhisit Vejjajiva.

Sin embargo, Vejjajiva reveló que por ahora mantendrá el estado de excepción, en vigor desde el pasado 7 de abril y que autoriza al Ejército a asumir el control de la seguridad, prohibir asambleas callejeras y censurar a los medios de comunicación, entre otras disposiciones.

El toque de queda fue impuesto el pasado 19 de mayo, apenas horas después de que los manifestantes antigubernamentales que acababan de ser desalojados del centro de Bangkok saquearan e incendiaran varios edificios, entre ellos la sede del mercado bursátil y el complejo de grandes almacenes Central World.

Inicialmente, la restricción se aplicó entre las 21.00 y las 06.00 hora local (14.00-23.00 GMT), pero cuando el Ejecutivo decidió a principios de semana ampliarlo cuatro días más, redujo el plazo desde las medianoche hasta las cuatro de la madrugada.

Ante las quejas de los ciudadanos, el Gobierno tailandés siempre ha defendido que el toque de queda era necesario para abortar nuevos brotes de violencia de los camisas rojas.

La medida, y sobre todo el hecho de que se haya alargado durante diez días, también ha sido criticada por los extranjeros, que han recurrido a diversas estrategias para eludir las patrullas como encerrarse dentro de las discotecas hasta que ya se podía estar en la calle para seguir con la marcha.

Decenas de personas han sido detenidas por violar la medida de emergencia y podrían ser condenadas a una pena máxima de dos años de cárcel.

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