Los cuatro miembros del comité de huelga de los funcionarios de la administración de Justicia que habían permanecido desde este martes en la sede del Ministerio que dirige Pilar Llop para forzar una negociación han puesto fin a su encierro en la tarde de este viernes.
No obstante, los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT han subrayado que sus reivindicaciones de mejoras salariales y laborales continúan, así como su huelga y el conflicto con el Ministerio, al que han acusado de mostrar "su cara más antisindical, degradante y antidemocrática" al no haber retomado el diálogo tras este encierro de casi tres días.
Uno de los representantes sindicales que ha permanecido encerrado, el secretario general del Sector de la Administración de Justicia de CCOO, Luis Calero, ha denunciado en declaraciones a los medios a su salida del Ministerio las agresiones "de carácter humanitario" por parte de Justicia.
El Gobierno impidió el acceso al edificio de alimentos y bebidas para los protestantes y limitó sus movimientos prácticamente al salón, de unos veinte metros cuadrados, donde se encontraban, según han denunciado los afectados.
Uno de ellos ha sido evacuado esta mañana por facultativos del Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA) al sentirse indispuesto.
Calero ha asegurado que lo más importante es que las reivindicaciones siguen "adelante": "Se nos pidió por parte del Ministerio de Justicia sosiego durante la campaña electoral, pero no lo van a tener", ha advertido.
Ha reiterado la petición de que el Ejecutivo designe a unos nuevos interlocutores, "del Ministerio de Hacienda, del de Presidencia o del que sea" tras el desplante de Justicia: "Si es porque no quieren (negociar), es gravísimo; y si es porque no saben, tienen que ser sustituidos", ha reivindicado.
Los cinco miembros del comité de huelga se encerraron el martes por la tarde después de una jornada de reuniones sin acercar posturas con los representantes del Ministerio y de que, según han denunciado los sindicatos, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, abandonara la mesa de negociación.
Los sindicatos han presentado este viernes un escrito en la Fiscalía del Tribunal Supremo para que investigue si Llop y Rodríguez han cometido alguna ilegalidad por bloquear la negociación del conflicto.
En su escrito alegan que el artículo 8 del decreto ley sobre relaciones de trabajo establece que "desde el momento de preaviso y durante la huelga, el comité de huelga y el empresario deberán negociar para llegar a un acuerdo".
Desde el 17 de abril, 45.000 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la administración de Justicia están llamados a la huelga para reivindicar mejoras retributivas y de condiciones de trabajo en línea de las acordadas con letrados de la administración de Justicia, jueces y fiscales.
La huelga comenzó con paros parciales y se convirtió en indefinida el 22 de mayo.
