El agente afirma haber sido acusado por la Dirección General de "hacer declaraciones contra el ordenamiento constitucional" y solicitó en su declaración "cerrada y por escrito" la "nulidad" de estas acusaciones, al tiempo que acusó al órgano superior de la Policía y la Guardia Civil de tratar de coartar el derecho de manifiestación legalmente reconocido de una asociación profesional.
Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) se adhirió a los apoyos del guardia civil condenando las "represalias" contra el derecho de manifestación.