La provincia de Huelva está a poco más de un mes de lograr algo histórico, aprobar un documento sobre las reivindicaciones en materias de infraestructuras que cuente con el acuerdo unánime de todas las partes, desde administraciones hasta partidos, pasando por los agentes económicos y sociales.
La Comisión de Infraestructuras decidía este martes establecer una moratoria de un mes para incorporar nuevas alegaciones al Libro Blanco de las infraestructuras y los sindicatos CCOO y UGT han sido los primeros en confirmar que presentarán alegaciones.
Lo harán de forma conjunta y sus demandas se centrarán en la petición de inclusión de infraestructuras sanitarias, en concreto el Hospital Materno Infantil y los chares de la Sierra y el Condado, proyectados en su día en Aracena y Bollullos Par del Condado.
Así lo han confirmado a los medios este miércoles los secretarios provinciales de UGT y CCOO, Francisco Gutiérrez y Julia Perea, respectivamente.
En concreto, Perea ha indicado que “aparte de hacer unas matizaciones a las fichas que se nos han presentado (sobre las infraestructuras incluidas en el Libro Blanco), también solicitaremos la inclusión de esas infraestructuras, porque para nosotros es fundamental que esté el hospital Materno Infantil, que es un compromiso realizado por la Junta de Andalucía, y también los chares que llevamos años reivindicando, como el de Bollullos o el de Aracena, porque el de la Costa esperamos que una vez se termine el acceso por parte del Gobierno de España, se ponga en funcionamiento”.
Por el momento, el Libro Blanco recoge la petición de ocho infraestructuras: cuatro ferroviarias (línea rápida Huelva-Sevilla, desdoble de la vía para mercancías, alta velocidad y Huelva-zafra), más la presa de Alcolea, el desdoble de la N-435, el aeropuerto y las infraestructuras energéticas para los futuros proyectos industriales vinculados a la energía verde.
De todas ellas, los sindicatos priorizan la N-435, pues como explica Gutiérrez, “supone la vertebración de la provincia, es básico, primera vertebrar y, cuando esté, darle salida a la N-435 por la Ruta de la Plata”.
Asimismo, valoran que se haya dado un mes de moratoria para poder lograr un documento que sea fruto de un consenso total, y por ello, creen que hay que exigir a todas las administraciones: “Es una solución de la provincia que tiene que nacer del consenso, que vaya más allá de los propios partidos y de los intereses partidistas de cada momento, no puede ser que si el dinero lo tiene que gastar el Gobierno de la Nación, hay que hacerlo, pero si lo tiene que gastar el Gobierno autonómico, esto no corre tanta prisa”.