El artículo ahora anulado establecía que “Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren por su territorio y no afectan a otra Comunidad Autónoma”, que ha sido anulado en una sentencia adoptada por unanimidad.
El TC ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 51 pero rechaza la pretensión de la Junta de Extremadura respecto a los otros artículos recurridos, entre ellos el 43, que hace referencia al alcance territorial y a los efectos de las competencias, como el 50.1.a, sobre las aguas o el 50.2, sobre las facultades de policía de dominio público hidráulico establecidas en la legislación estatal.
Tras esta sentencia y tras comparecer Griñán ante los medios afirmando que hay margen de legalidad para que Andalucía siga decidiendo sobre el Guadalquivir, tanto la Junta como los partidos políticos coincidieron en la necesidad de buscar el “máximo consenso” entre las distintas fuerzas para mantener la gestión andaluza sobre el río Guadalquivir.
Así lo han resaltado los representantes de todos los partidos y la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, tras la reunión que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha celebrado en el Parlamento con el presidente del PP-A, Javier Arenas; el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, y la secretaria de Organización del PSOE-A, Susana Díaz.
Moreno, que ha anunciado que Griñán se reunirá con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo lunes para tratar este asunto, ha dicho que “para todos los andaluces y españoles el Guadalquivir es andaluz”, por lo que van a trabajar “para encontrar fórmulas constitucionales adecuadas desde el punto de vista legal para abanderar la gestión de nuestro río”.
Dentro de la “búsqueda de soluciones” que la consejera ha situado como “principal objetivo del Gobierno andaluz”, Moreno, como presidenta de la Comisión bilateral Junta-Estado, ya ha convocado una reunión de este órgano “a la mayor brevedad”, que tendrá lugar después del encuentro de Griñán con Zapatero.
“Estamos convencidos -ha dicho Moreno- de que el Estatuto y la Constitución ofrecen márgenes suficientes para que Andalucía mantenga su capacidad de gestión sobre el Guadalquivir”, de forma que “lo que es una realidad de hecho se siga manteniendo como una realidad de derecho”.
Según la consejera, el hecho de que el Constitucional no haya anulado los artículos 43, 50.1a y 50.2 del Estatuto “hará posible que, en el marco de estos artículos, las consecuencias prácticas de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 51 sean inapreciables para la mayoría de los andaluces”.
Además Moreno ha recalcado que el Guadalquivir “no solo es un emblema de sentimientos y de cultura, de algo que vincula a Andalucía con su historia y su realidad geográfica, sino una cuestión extraordinariamente práctica y con mucha incidencia en la vida de la gente por lo que supone el recurso del agua”.
El presidente del PP-A, Javier Arenas, que ha coincidido con los otros grupos en acatar la sentencia y en buscar el consenso, ha abogado por una lectura “sosegada y tranquila” de ésta para analizar sus posibles consecuencias en asuntos como las transferencias del Guadalquivir, la Ley de Aguas o la reordenación del sector público.
Arenas, que ha solicitado una reunión de la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento, ha recordado que el artículo anulado “fue objeto especial de polémica” en el debate estatutario -en el que se introdujo una enmienda del PP- y que en su momento “no fue posible un acuerdo con el Gobierno extremeño”, por lo que a los populares no les ha causado “una sorpresa extraordinaria”.
El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha dicho que hoy es “un día triste y de retroceso” para Andalucía porque “se recortan y limitan sus competencias” y ha mostrado su desacuerdo con la resolución del TC, que su formación sólo acepta “desde la posición del imperativo legal”, además de no descartar “la movilización ciudadana para defender lo que es nuestro”.
Fernández Vara cree que es el momento de que se dialogue sobre el agua
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado, en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la competencia de la cuenca del Guadalquivir, que “no es momento de ganadores, ni de perdedores, sino de dialogar”.
Según Fernández Vara, cuando la Junta de Extremadura recurrió, lo hizo “porque era imprescindible defender los intereses de Extremadura, y no en términos de ganadores, ni de perdedores”.
El presidente extremeño ha añadido que “ahora se abre una vía” para que las administraciones dialoguen y hablen “del agua en el país, porque es uno de los elementos que cohesionan un país y por tanto el agua no es de nadie porque es de todos”.
“Es verdad, y no puedo negarlo, que el Guadalquivir transcurre en una parte importante por Andalucía y Andalucía tiene que tener un peso importante en su gestión, pero lo que viene a decir el Constitucional es que no es exclusiva y a partir de ahora hay que ponerse a hablar”, ha indicado Fernández Vara.
El presidente ha expresado su confianza en la capacidad que tenga el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de negociar y de proponer “soluciones ajustadas” a la Constitución y a “lo que tiene que ser un acuerdo en un tema tan especial como es el agua”.
A juicio de Fernández Vara, “Andalucía y Extremadura no son regiones vecinas, son regiones hermanas y que nadie quiera extraer otra conclusión que no sea someter al dictamen del Constitucional un asunto” en el que ambas administraciones no estaban de acuerdo.
Los regantes apoyan el sentido de la sentencia
La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) y la Federación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) han apoyado en sendos comunicados el fallo del TC que anula la transferencia a la Junta de Andalucía de competencias del Guadalquivir.
En opinión de estos colectivos, esta transferencia, declarada ahora inconstitucional, suponía un mal precedente para otras reivindicaciones autonómicas sobre la gestión de cuencas intercomunitarias y atentaba contra la concepción del agua como un derecho común sin influencias territoriales.
Ambas han aplaudido que el TC haya subrayado que las competencias hidrográficas de las cuencas intercomunitarias deben de ser competencia de la administración central porque así se garantiza, en su opinión, que el interés general prevalezca sobre las aspiraciones “localistas”, y han reclamado la independencia política de la gestión del agua que, en su opinión debe de ser profesional y respetuosa con los intereses de los regantes.
Por su parte, los grupos Ecologistas en Acción y WWF España han valorado la sentencia, apuntando que “no lamentan” la decisión del Alto Tribunal, ya que es el “Gobierno central quien tiene que gestionar en la guerra del agua existente entre comunidades”.
Mientras, el director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Fernando Hiraldo, ha dicho que la decisión del TC le parece “buena” porque refuerza el principio de unidad de cuenca.
