Los jueces no creen que deba llegarse a la aprobación de una ley que limite la actuación de los medios de comunicación, pero sí reclaman que éstos se autorregulen mediante un código ético para no dar lugar a esas
interferencias escudándose en “lo que pide” la audiencia.
Aunque puesto de nuevo de actualidad por la citada entrevista a Isabel García, el debate es viejo y se remonta, cuando menos, al caso de las niñas de Alcásser, asesinadas en 1992.
El “circo mediático” surgido en torno a ese suceso acabó con el padre de una de las niñas, Fernando García, condenado por descalificar al fiscal, a los forenses y a la Policía en un programa de Canal 9 emitido en 1997, mientras se celebraba la vista oral contra el autor del crimen.
Cuando el espectáculo llega a los tribunales, las garantías de los ciudadanos se ven afectadas. Y también la imagen de la Justicia, como demuestran los últimos datos del CIS, que ponen de manifiesto la percepción mediatizada que tienen los ciudadanos por la manipulación de determinados medios informativos, dice a Efe José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia.
Para este magistrado, una regulación por ley sería muy complicada, ya que desde fuera es muy difícil abordar cuándo un medio de comunicación ha cometido un exceso y cuándo no, con el peligro de que involuntariamente se pudiera llegar al límite de la censura.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pablo Llarena, apoya también la autorregulación a través de unas reglas deontológicas.
Llarena advierte de que la opinión pública puede afectar a los procesos judiciales, pues existe el riesgo de que se cree una idea colectiva frente a la presunción de inocencia y, con ello, menoscabar la credibilidad de la Administración de Justicia.
La asociación judicial Francisco de Vitoria, preocupada ante la “interferencia” de ciertos medios de comunicación en los procedimientos judiciales en trámite, cree asimismo que la autorregulación debe ser efectiva, comprometida y responsable mediante la asunción de un código ético que garantice los derechos de los ciudadanos implicados en procedimientos judiciales.
No es de la misma opinión el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Abraham Barrero Ortega, que expresa a Efe su apuesta por una ley que aborde la relación entre la Administración de Justicia y los medios de comunicación y que, entre otros asuntos, regule los denominados “juicios paralelos”.
“Es evidente que la autorregulación no ha funcionado, por lo que ha llegado la hora de que el poder legislativo, como ha hecho con otros derechos fundamentales, establezca unas reglas concretas”, dice Barrero, que no obstante reconoce que una ley que aborde la libertad de información puede crear mucha resistencia y “asusta un poco”.
Sin embargo, y como explica en su libro “Juicios por la prensa y ordenamiento constitucional”, no parece de recibo encomendar la protección de bienes y valores constitucionales de primera magnitud a normas internas y órganos corporativos.
Tampoco cree que haya funcionado la autorregulación el coordinador de la Agrupación de Periodistas de UGT, Mariano Rivero, partidario de la creación de un Consejo Estatal de Medios o de Consejos Correguladores, ambos por elección del Parlamento.
En ninguno de los dos supuestos se podría hablar de censura, señala Rivero, que destaca la necesidad de un periodismo riguroso y contrastado en el que no valga todo.
“Se ha traspasado una frontera y es peligroso”, advierte.
El responsable de UGT explica que en los Consejos Correguladores del Periodismo estarían representados empresarios, sindicatos, colegios profesionales, juristas y universidades que podrían imponer sanciones, pero nunca censurar contenidos.
Mientras tanto, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, Fernando González Urbaneja, sostiene que hay regulación y disposiciones suficientes para que los ciudadanos y la libertad de expresión estén protegidos, y se pregunta: “¿Para qué más leyes si no se aplican las que hay?”
González Urbaneja defiende la autorregulación en el ámbito del periodismo, pero añade que hay espacios televisivos que poco tienen que ver con él: “Es espectáculo ajeno al periodismo”, afirma.
El presidente de la Asociación de la Prensa madrileña recuerda además que el Gobierno pidió a las televisiones que se autorregularan y éstas no lo han hecho nunca.
También el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado han alertado de estas situaciones.
La portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, ha denunciado las actuaciones de determinados medios de comunicación cuando tratan de usurpar la función que corresponde al poder judicial, que es la de administrar Justicia.
Mientras, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, considera muy negativo que se traslade al ámbito del espectáculo lo que es un asunto muy serio sometido a juicio.
“La prensa no está por encima de la ley o al margen de ella”, ha asegurado recientemente Conde-Pumpido.
