Maribel García obtuvo una incapacidad permanente para trabajar hace un año, pero seis meses después, en noviembre de 2024, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) resolvió que sí era apta para continuar con su desempeño laboral. Maribel, empleada del servicio de Ayuda a Domicilio en Cádiz de 59 años, sin embargo, no se encuentra bien. De hecho, ha cumplido su jornada en más de una ocasión desde que comenzó su calvario en 2021, con enfermedades provocadas por la profesión, sedada con morfina para soportar los dolores en glúteos y piernas.
Su caso no es excepcional. Las compañeras Puri Vázquez y Encarnación Jiménez cuentan los últimos años por fracturas y periodos prolongados de baja, incorporaciones forzosas y hojas del calendario sin marcar la cita con el juzgado para resolver sus demandas.
Encarnación, de 62 años, admite que su vida no es la misma desde principios de 2021, cuando sufrió una lesión en el hombro izquierdo que acabó por llevarla al quirófano al continuar con la faena pese a no estar recuperada totalmente. Toma antidepresivos desde hace seis meses. La situación es insoportable. Puri, de 64, es incapaz de digerirla. Con problemas estomacales provocados por la tensión, admite que es ella la que necesita cuidados, porque prestarlos le supone un esfuerzo titánico. Ambas, no en vano, utilizan andador para sus desplazamientos.
Pepe Martínez, ex delegado sindical del Hospital Puerta del Mar y Graduado en Relaciones Laborales, considera que falta especialización de los inspectores en las pluripatologías de estas trabajadoras y afrontan indefensión en las citas de revisión, a la que está prohibido asistir con acompañante o grabar, así como al rechazo sistemático por parte de la administración de las reclamaciones previas. También denuncia falta de sensibilidad y perspectiva de género desde la dirección provincial dsel INSS para abordar los problemas de salud de estas empleadas y, en general, de los colectivos laborales feminizados más precarios.
A ello se suma, en palabras de Marina Escobar, abogada del Sindicato de Contratas y Servicios Públicos de Cádiz (SPP), las diversas violencias que soportan. Por un lado, perciben sueldos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y jornadas parciales o partidas que imposibilitan la conciliación o acceder a otros empleos. Por otro, acusa a las instituciones de elaborar informes clínicos diseñados para encajar en un diagnóstico puramente clínico, e infravaloración de la sintomatología, las limitaciones que conllevan para su labor y que no se consideren incapacitantes o la negación del seguimiento por parte de las mutuas alegando que no es un accidente de trabajo. El INSS, agrega, rechaza por sistema las prestaciones por incapacidad y, cuando las afectadas llegan al juicio, tras años de espera, “parece que se cuestiona su estado de salud”. “¿Cómo es posible que estos procesos estén diseñados para ejercer tanta violencia sobre las mujeres que sostienen el sistema de cuidados?”, se pregunta.
