Tras una reunión de tres horas y media, el Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales –integrado por el presidente del Supremo, Carlos Dívar, dos magistrados y tres consejeros de Estado– decidió proseguir hoy con la deliberación para decidir si esas actas son secretas o no, que es el fondo del enfrentamiento jurisdiccional que mantienen la juez instructora y la Junta de Andalucía.
Por tanto, hoy a primera hora volverá a reunirse el Tribunal de Conflictos para estudiar este asunto, informaron ayer fuentes del Alto Tribunal, que añadieron que desconocen si habrá finalmente una resolución.
El pasado 8 de julio, la juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, elevó al Supremo este conflicto de jurisdicción, como le solicitaba el Gobierno andaluz desde marzo.
En ese mismo auto acordaba, no obstante, “mantener la jurisdicción” de su juzgado e insistía en “requerir” a la Junta “el cumplimiento de la prueba ordenada” al defender su competencia para acceder a todas esas actas.
La juez defendía la relevancia del acceso a las actas para la investigación.
