El ajuste es una consecuencia de la caída de ingresos generales ordinarios del Ayuntamiento, pero lo que obliga a esta medida tiene dos causas principales:
a) La caída de los ingresos de Urbanismo, que de una recaudación de 15.024.000 euros en el 2007, en el pasado año 2010 sólo se recaudó 767.000 euros, lo que equivale a una caída del 95 por ciento; caída que va a continuar en el 2011. Todo ello agravado por el boicot que la Junta de Andalucía viene haciendo durante los 5 últimos años a la aprobación del PGOU de Torremolinos, mediante la interposición de un auténtico muro de inimaginables cortapisas y exigencias burocráticas.
b) El golpe bajo que el Gobierno Zapatero ha dado a los Ayuntamientos con los fondos de Participación de los Municipios en los Tributos del Estado, en beneficio de las Comunidades Autónomas, pues tergiversando la coartada de la merma de ingresos del Estado a causa de la crisis, se ha aprovechado y rectificado cada año la distribución aprobada por el Ministerio de Hacienda en octubre/2006 que era:
2007 Ayuntamientos 65% CC.AA. 35%
2008 Ayuntamientos 58% CC.AA. 42%
2009 Ayuntamientos 49% CC.AA. 51%
Como se puede ver, un verdadero atraco a los Ayuntamientos que complementa las medidas que actualmente impiden a los Ayuntamientos poder acceder al crédito bancario, cuando la deuda total de los mismos representa sólo el 4% de la deuda del Estado. Por tanto, no se trata de una medida económica, sino política, destinada a perjudicar a todos los Ayuntamientos, pero proporcionalmente afecta mucho más a los grandes y medianos, que en estos momentos están gobernados en su mayoría por el Partido Popular y la prueba de que es una medida política y un atraco se demuestra con el ejemplo de Torremolinos.
Así, cuando los Ingresos Tributarios Líquidos del Estado en el 2008 fueron 173.453 millones de euros, y en el 2009 descendieron a 144.023 millones de euros equivalente a un descenso del 17%, lo lógico hubiera sido que los Ayuntamientos vieran mermados sus ingresos en dicha proporción, pero no ha sido así, y nos hemos llevado la terrible y desagradable sorpresa justo en agosto de este mismo año que, de los 14.000.000 de euros previstos para 2009, finalmente sólo nos reconocen 7.528.000 euros (nos quitan 6.472.000 euros), equivalente a un 46,2% menos.
Y lo peor no es eso. Resulta que del dinero que nos habían anticipado mensualmente durante el 2009 por un total de 12.153.000 euros, que evidentemente el Ayuntamiento se ha gastado, ahora, dos años después, nos dicen que tenemos que devolver 4.625.000 euros, poniendo al Ayuntamiento en una situación económicamente insostenible.
Todos estos datos están avalados por un informe de la Intervención Municipal, advirtiendo que, de continuar las actuales circunstancias, el Ayuntamiento se verá en la imposibilidad de atender las nóminas de sus empleados y de traspasar el dinero a las empresas municipales para el pago a sus respectivas plantillas.
Por todo ello, el Ayuntamiento se ha visto obligado a efectuar la referida reducción de personal, significándose que todos han sido escrupulosamente indemnizados conforme a las actuales leyes laborales.
Destacar que esta medida ha contado con el apoyo expreso de una mayoría de los representantes sindicales de los trabajadores, tanto en el Ayuntamiento como en sus empresas, que han demostrado gran madurez y sensatez y sólo han condicionado su visto bueno a que la reducción de plantillas se haga de la manera que menos afecte a los servicios y a la productividad del Ayuntamiento y sus empresas.
