El crédito, por una cuantía cercana a los 4,8 millones de euros, solventará el pago de suministros, obras y servicios certificados con anterioridad al 30 de abril de 2011, según ha informado la Institución Provincial en nota de prensa.
Son 153 los proveedores que verán retribuidos los servicios prestados a la institución provincial; la mayoría son autónomos así como pequeñas y medianas empresas.
El crédito se amortizará en tres años al 6,5 por ciento de interés. La mayor parte de la deuda (3,9 millones de euros) pertenece a Diputación -como entidad matriz-, mientras que casi 900.000 euros son obligaciones del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico.
Loaiza ha recordado que esta operación se validó en el Pleno del mes de octubre, con los votos favorables del PP, Izquierda Unida y Foro Ciudadano, y la abstención del grupo socialista, ya que el PA no compareció en la citada sesión. La abstención del PSOE ha motivado el reproche del presidente de Diputación, considerando que se aprobaba la solución a unas deudas contraídas por "el gobierno socialista". "Facturas colgadas", según ha manifestado Loaiza, que "en el mejor de los casos acumulaban ocho meses sin ser abonadas".
El listado de acreedores de Diputación no se agota en la operación resuelta este miércoles, ya que José Loaiza ha confirmado que el nuevo Ejecutivo tendrá que asumir facturas sin consignación presupuestaria -y que por tanto carecían de retención de crédito- por un importe de 600.000 euros.
En este sentido, Loaiza ha destacado que en el año 2012 se estudiará la fórmula para saldar dicha deuda, en una decisión que se someterá al Pleno de la Corporación Provincial, refrendando la pauta de "transparencia en las cuentas públicas" adoptada por el actual ejecutivo.
