Este acuerdo es el que ha mantenido la normalidad en el caladero campogibraltareño, hasta que la pasada semana, sin previo aviso, las patrulleras de la Royal Gibraltar Police (RGP) comenzaron a prohibir a los pescadores españoles que faenaran en aguas próximas a Gibraltar.
Era el resurgir de un conflicto que estalló en la Bahía a finales del pasado siglo. En la madrugada del miércoles 27 de enero de 1999, el pesquero algecireño Piraña fue abordado por una patrullera de la Armada británica, otra de la RGP y otras cuatro zódiacs, en aguas próximas al Peñón.
Uno de los pescadores que vivió aquel episodio, Francisco Casola, lo narraba así en las páginas de EL FARO: “Nos tenían tirados en el suelo y pisándonos el pescuezo para que no levantáramos la cabeza, que la teníamos en las cajas de pescado. Nos abordó la lancha gris de la Armada, además de seis o siete botes por todos lados. Uno de ellos llevaba un hacha en la mano”.
La tripulación fue trasladada a Gibraltar, junto al pesquero apresado, y comparecieron esa mañana ante el juez, que acusó a los catorce tripulantes del Piraña de haber vulnerado la normativa medioambiental del Peñón, que prohibe el uso de redes en sus aguas.
El conflicto había estallado, y provocó un revuelo informativo y diplomático. En el Congreso, los integrantes del Gobierno del Partido Popular buscaban una solución, mientras que en el Campo de Gibraltar, la constituida Mesa de la Pesca mediaba en un conflicto que iba creciendo poco a poco.
De hecho, los hostigamientos a los pesqueros españoles continuaron por parte de las patrulleras gibraltareñas, lo que bloqueó por completo la pesquería en la Bahía. Ante ello, en la mañana del 29 de enero, los pescadores decidieron trasladarse hasta la frontera de Gibraltar y colapsar la Verja, impidiendo la salida del Peñón a todas las personas que no acreditaran que fueran españolas. El conflicto ya había estallado y se había escapado del control de la policía de ambos lados de la Verja y de los propios políticos.
En la tarde del 1 de febrero, el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, recibía en Convent Place a la Mesa de la Pesca, integrada por colectivos de pescadores, sindicatos (representados en la figura de Miguel Alberto Díaz) y el entonces alcalde, Patricio González.
La tensión hizo que cerca de dos mil gibraltareños rodearan el edificio del Gobierno de Gibraltar, lo que hizo que Caruana tuviera que salir a relajar los ánimos. Las primeras conversaciones, a tenor del conflicto que había estallado por las intervenciones de la RGP, trataban de encauzar un acuerdo que pusiera fin a la escalada creciente de tensión de la Bahía.
En la tarde del 3 de febrero, el conflicto se solucionó en virtud de un acuerdo conjunto del Gobierno de Gibraltar y la Mesa de la Pesca, que fue expuesto ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en el aeropuerto del Peñón.
El anexo del acuerdo estipulaba lo siguiente: “Después de haber discutido a fondo lo que significa un retorno a la situación de status quo, es decir, volver a la situación en el periodo de 1991 a 1997, ambas partes entienden que la Nature Protection Ordinance se aplicará estrictamente en las siguientes circunstancias: En la zona occidental (en la Bahía de Algeciras), a menos de 225 metros de la costa, el número de buques calados no excederá de cuatro. A estos efectos, los botes luceros no serán considerados como buques faenando. Nunca se podrá obstaculizar la entrada y salida de las dos bocanas del puerto de Gibraltar, ni entorpecer el movimiento de buques. En la zona oriental (por detrás del Peñón), no se podrá faenar a menos de 225 metros de la playa o de la costa. Las circunstancias aquí reseñadas no significan que se permita la vulneración de la Nature Protection Ordinance, comprometiéndose el sector pesquero a respetar las instrucciones de las autoridades policiales, en su caso. Se mantendrá el contacto para cualquier aclaración que fuera necesaria de este entendimiento”.
Tras la firma del acuerdo, el entonces ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, manifestó que dicho anexo “es esencial para que su funcionamiento no suponga un desafío ni a las leyes de Gibraltar ni a la autoridad de aquellos que la aplican”, y reconoció que la actuación de la RGP había provocado una situación “explosiva”, encaminada al perjuicio de las comunidades de ambos lados de la Verja, “y me consta que ambas partes han contribuido en la misma medida a arreglarlo por el interés de los dos pueblos”.
La normalidad regresó a partir de ese día a la Bahía, lo que produjo una gran satisfacción en las dos partes implicadas, manifestando entonces los pescadores su deseo de que “la normalidad dure mucho tiempo”.
Revivido
El conflicto, sin embargo, resurgió la pasada semana, cuando las patrulleras de la RGP volvieron a salir al paso de los pescadores campogibraltareños, prohibiéndoles faenar en las aguas próximas al Peñón. La situación hizo revivir aquel conflicto de 1999, en el que la intervención de la Policía gibraltareña fue el origen de una creciente ola de crispación entre los dos lados de la Verja.
El pasado lunes, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, decidió intervenir y se embarcó en el pesquero Joaquina, para apoyar a los pescadores campogibraltareños y ser testigo presencial de las órdenes de la RGP para que se dieran la vuelta. El conflicto estaba servido.
El pasado miércoles, una delegación municipal encabezada por el alcalde y diputado nacional se sentó en el número 6 de Convent Place con parte del Ejecutivo del Peñón, con el ministro principal, Fabian Picardo, a la cabeza.
El resultado de la reunión fue un mensaje sorprendente del dirigente gibraltareño, que espetó a Landaluce que la Policía de Gibraltar no obedece órdenes del Gobierno, sino que tiene su propio órgano de toma de decisiones.
Además, Picardo defendió el cumplimiento de la ley medioambiental de Gibraltar, entendiendo que el origen del conflicto está en su vulneración. Con ello, a pesar de defender la no injerencia de su Gobierno, lo que argumenta el ministro principal no es más que la ruptura del acuerdo de 1999, que contemplaba la posibilidad de pescar a una distancia de 225 metros del Peñón, ampliándola hasta la milla y media de la ley gibraltareña, la cual fue alterada para evitar el conflicto.
Además, se limitó a trasladar a la delegación campogibraltareña que, tanto técnicos de Medio Ambiente como el comisario de la Policía, informarán a los pescadores de lo que estipula dicha ley, cuyo predominio sobre el acuerdo de 1999 ha salido a relucir con la formación del Gobierno de Picardo.
Argumentos
La posición que ha adoptado el Ejecutivo de Picardo en relación al acuerdo pesquero de 1999 ha sido tajante, ya que consideran que vulnera la ley ambiental, incluso una normativa europea que prohibe la pesca en algunos puntos de la zona occidental de las aguas próximas al Peñón, por tratarse de un área protegida.
En todo ello entran en juego también algunas áreas contempladas como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y que son, por tanto susceptibles de protección medioambiental.
Por todo ello, el nuevo ministro principal de Gibraltar se ha trazado, como una de sus primeras actuaciones de envergadura, la anulación de los acuerdos de pesca de 1999, que permitían a los pescadores campogibraltareños faenar a no menos de 225 metros de la costa, lo que supone la práctica de la pesca en zonas protegidas, según entiende ahora el Gobierno gibraltareño.
Por eso, el hecho de que Picardo rechazara que la actuación de la Royal Gibraltar Police respondiera a órdenes directas del Gobierno (apelando a sus propios órganos de decisión), choca por completo con un posicionamiento del nuevo Ejecutivo, que es el que ha querido poner fin a las prácticas permitidas por el acuerdo de 1999.
No obstante, y como conclusión elemental del encuentro mantenido esta semana para tratar de frenar el conflicto, todo parece apuntar a que la voluntad de Gibraltar no es la de echar a los pescadores campogibraltareños a una milla y media de distancia, sino matizar los condicionantes ambientales de las aguas próximas al Peñón.
De hecho, según confirmó esta semana un portavoz del Ejecutivo gibraltareño a Europa Press, el Gobierno de Picardo permitirá a los pescadores campogibraltareños faenar dentro de las aguas que reivindica como propias siempre y cuando respeten la normativa vigente sobre qué especies se pueden capturar y con qué técnicas.
Este portavoz asegura que los incidentes vividos en los últimos días entre pescadores andaluces y la Policía de Gibraltar no se han producido porque los españoles estuvieran faenando dentro de las aguas que el Peñón considera propias --y que España no le reconoce-- sino porque violaban algunas de las leyes vigentes en Gibraltar en materia de pesca.
Queja
Estos incidentes motivaron que el Ministerio español de Asuntos Exteriores y de Cooperación haya convocado esta semana en el departamento al encargado de negocios de la Embajada británica, Robert Timline, para protestar por esos hechos.
En concreto, el Gobierno español se quejó por los problemas surgidos y pidió a Reino Unido volver a la situación anterior y hacer respetar el acuerdo vigente desde 1999, que permite a los barcos españoles faenar dentro de las aguas que Londres y Gibraltar reclaman como propias siempre que no se acerquen a menos de 225 metros de la costa del Peñón.
En contra de lo que sostiene Gibraltar, el departamento que dirige García-Margallo sostiene que el problema con los pescadores españoles no se debe a especies o redes, sino que tiene que ver con discrepancias sobre “los límites” de las aguas.
Está previsto que en los próximos días, responsables de Medio Ambiente del Gobierno de Gibraltar se reúnan con los pescadores españoles para explicarles qué pueden pescar y cómo, tal y como se desprendió del encuentro que mantuvieron el alcalde de Algeciras y diputado del PP, José Ignacio Landaluce, y Fabian Picardo.
Pescadores
La tensión suscitada en el sector de la pesca en la Bahía de Algeciras sigue creciendo. El presidente de la cofradía de pescadores de Algeciras, Esteban López, reconoce que los pesqueros están optando por no acercarse a aguas próximas a Gibraltar, hasta que no se solucione el conflicto, “para no tener problemas”.
Esteban López lleva toda su vida pescando en esta zona, y asegura conocer a la perfección el fondo del conflicto. Además, apunta a que los incidentes se han producido de manera aislada desde hace mucho tiempo, y que la crispación entre policía y pescadores es cada vez mayor. “Cualquier día puede haber una desgracia”, señala.
Por eso, a pesar de no estar de acuerdo con muchos aspectos, ve de forma positiva el que se reúna a los pescadores con técnicos de Medio Ambiente y de la RGP, para “que se arreglen las cosas”.
Sobre la pesca a más de milla y media de la costa, señala que “allí es imposible pescar. Primero, porque ellos fondean sus barcos y hay que buscar huecos entre las anclas. Pero además es imposible porque nos meteríamos en mucha profundidad de agua y no podríamos pescar; y por la parte del este, nos sitúan en medio del Estrecho, y allí es imposible por las corrientes”.
Esteban López ironiza también con la defensa del Gobierno de Gibraltar sobre la protección del medio ambiente: “Eso es gracioso. Defienden el tema del medio ambiente, pero en la Bahía sigue haciéndose bunkering. Lo que nosotros quitamos son unas cajas de jureles, y ellos siguen con los vertidos y los submarinos”.
