De esta manera, el consejero de Medio Ambiente en funciones, José Juan Díaz Trillo, ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que después de 14 años de aquel "desastre", efeméride que se cumple este miércoles 25 de abril, "ya es hora de que nos veamos recompensado económicamente".
Díaz Trillo ha defendido la actuación "inmediata y eficaz" de las administraciones central y autonómica y de la comunidad científica entonces para evitar que aquel "desastre" se quedará "a las puertas de Doñana y no se convirtiera en una catástrofe natural". "La prontitud y la capacidad de respuesta evitó lo que hubiera sido terrible, la contaminación del Espacio Natural de Doñana, una realidad que hubiera sido irreversible".
En este sentido, ha reiterado que "la tarea pendiente que les queda a los andaluces es recibir la compensación por aquel esfuerzo económico" para evitar mayores consecuencias del vertido y la restauración de los terrenos afectados por aquel episodio ecológico ocurrido el 25 de abril de 1998 en el municipio sevillano de Aznalcóllar, del cual se cumplen ahora catorce años y que supuso la rotura de la balsa de residuos de la mina de pirita Boliden-Apirsa y el vertido de unos seis millones de metros cúbicos de aguas y lodos tóxicos en el entorno del Parque Nacional de Doñana.
La Junta, a juicio de Díaz Trillo, "no ha cejado en la tarea de defender los derechos de los andaluces a recibir esa compensación", tanto por la vía de lo civil, administrativo e, incluso en un principio, por la penal. "Hoy por hoy estamos todavía en un conflicto de jurisdicción que nos permita a la Junta averiguar qué camino jurídico debemos tomar para hacer justicia finalmente", ha explicado. Además, ha asegurado que "quién contamina, paga; y todos los indicios van en la dirección de que la empresa fue negligente".
CONFLICTO DE JURISDICCIÓN
Cabe recordar que durante estos últimos meses se han conocido varias sentencias del Tribunal Supremo (TS) relativas al caso, de las que resaltan dos fallos del TS que rechazan la reclamación por parte de la Junta de 89,9 millones de euros a Boliden por el vertido tóxico. Estas sentencias se pronunciaban así contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta, de fecha de 23 de marzo de 2004, por el que se declaró que las entidades Boliden Apirsa S.L., Boliden AB y Boliden BV estaban obligadas solidariamente a reembolsar al Gobierno andaluz los gastos y costes que supuso el vertido.
A este respecto, la Junta anunció que plantearía ante el Tribunal Supremo un conflicto negativo de jurisdicción para que señale la vía oportuna, si es la civil o la contencioso-administrativa, para que la Administración autonómica pueda reclamar a Boliden Apirsa el dinero de la reparación de la zona afectada.
Para Díaz Trillo, la justicia "tiene que acercarse a lo máximo posible al sentido común", al tiempo que ha reiterado que desde la Junta "intentamos que al final quién contamine, pague". "Nadie discute la responsabilidad de la empresa y su negligencia, por la que está abocada a una compensación económica por el dinero que las administraciones autonómica y central invirtieron".
Por otro lado, en diciembre la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo (TS) eximió en una sentencia a la Junta de responsabilidad patrimonial alguna en el vertido tóxico, señalando en este sentido que a Boliden Apirsa S.L. "le era exigible, como titular de la explotación minera, el deber de mantener la balsa en las adecuadas condiciones de seguridad, y la omisión de ese deber comporta ese elemento de culpabilidad que la Administración ha tenido en cuenta al dictar el acuerdo de que trae causa este proceso".
Díaz Trillo, a este respecto, señala que la situación jurídica se enmarca actualmente "en una cuestión de formas legales", por lo que ha confiado en que "con el conflicto de jurisdicción planteado por la Junta se pueda alumbrar el camino definitivo".
"ES HORA DE VER LA RECOMPENSA"
Igualmente, ha valorado la actitud "activa" judicialmente de la Junta, respondiendo de esta manera "a un acto de justicia hacia los andaluces". "Aún queda que esperar a que los tribunales se pronuncien, aunque esperamos que sea un camino directo y corto, pues han pasado 14 años y ya es hora de que nos veamos recompensado económicamente", ha asegurado.
En relación a las tareas de recuperación y restauración en las zonas afectadas, Díaz Trillo ha resaltado, en declaraciones a Europa Press, las "formidables" tareas que se llevaron a cabo, evitándose que el "desastre" se hubiera convertido en "una gran catástrofe" gracias a "la diligencia y capacidad de respuesta" de las administraciones central y autonómica, culminando este proceso con la declaración de paisaje protegido del Corredor del Guadiamar.
Desde el punto de vista industrial, Díaz Trillo ha recordado que "se ha reconvertido la comarca en una zona productiva con industrias con perfil ambiental", un trabajo que "dice mucho de unas administraciones que ante un acontecimiento como éste respondió con capacidad de imaginar un futuro sostenible". En sentido, ha apuntado que, incluso, la gestión del "desastre" es "modelo" para muchos países.
Con respecto a las críticas de algunos grupos ecologistas sobre la existencia aún de problemas ecológicos en la zona, Díaz Trillo ha afirmado que el paisaje actual, en comparación con el de 1998, en el que se recogieron "37 toneladas largas de peces muertos y otras especies que había en los ríos Agrio y Guadiamar y de los seis millones de metros cúbicos de lodos y aguas ácidas, es "radicalmente distinto", pues la comarca goza de "buena salud" ecológica.
ES "DIFÍCIL" UN EPISODIO SIMILAR AHORA EN ANDALUCÍA
Por último, el consejero de Medio Ambiente en funciones ha aclarado que "la suerte de laberinto" en el que se está actualmente viene motivada por "la legislación débil en el ámbito europeo, estatal y autonómico que existía entonces". A este respecto, ha asegurado que "hoy por hoy, el escenario sería muy distinto, pues hay leyes y normas para prevenir antes que curar, por lo que un episodio de este tipo es muy difícil que se dé ahora en Andalucía, salvo catastrofe natural".
Además, advierte de que "el escenario juridico y normativo actual refleja que cualquier actividad minera que se desarrolle en Andalucía tiene que contar con todas las garantías medioambientales".
