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España

Equo denuncia "la persecución" contra los promotores de la protesta que llama a rodear el Congreso el 25S

"Desde hace semanas esta convocatoria ciudadana y sus promotores están siendo objeto de una auténtica persecución por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid y la Policía, produciéndose situaciones absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho"

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La formación política Equo considera "absolutamente intolerable" la decisión de la Audiencia Nacional de imputar a ocho personas como promotores de la acción prevista para el próximo 25 de septiembre que llama a rodear el Congreso porque, a su parecer, responde a una "persecución" contra este movimiento.

   "Desde hace semanas esta convocatoria ciudadana y sus promotores están siendo objeto de una auténtica persecución por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid y la Policía, produciéndose situaciones absolutamente inaceptables en un Estado de Derecho", denuncia en un comunicado.

   En este sentido, recuerda que en la manifestación que tuvo lugar el pasado 15 de septiembre convocada por la Cumbre Social se detuvo a cuatro personas "por llevar una pancarta sobre el 25S" y que el domingo se pidió la documentación a personas "que se reunían de forma pacífica en El Retiro". "Mientras, la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, afirmaba sin pudor en la televisión que tenía una lista negra de entre 800 y 1000 personas", añade.

   Equo considera que las imputaciones a estas ocho personas relacionadas con el 25S, a los que se les responsabiliza de un presunto delito contra Altos Organismos de la Nación, además de ser de carácter "preventivo", traspasan "las líneas rojas de un Estado democrático" y por ello, la formación exige a la Delegación del Gobierno que rectifique, así como que el próximo 25 de septiembre se garantice el derecho de los ciudadanos a manifestarse.

   "Todos estos movimientos son impropios de un país democrático y evidentemente tienen como objetivo amedrentar a la ciudadanía para que no se sume a la movilización", denuncia, para defender que la convocatoria es "pacífica" y que "el derecho de la ciudadanía a expresar su descontento en la calle es una Derecho fundamental, también en la puerta del Congreso de los Diputados".

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