Hace unos días ESTEPONA INFORMACIÓN publicaba que entre los adjudicatarios de las viviendas de maestros del Grupo Escolar Santo Tomás de Aquino se encotraba el director del colegio Sierra Bermeja. Una información que no ha gustado al docente, a pesar de que se dejaba claro que, como maestro, reunía los requisitos de igual modo que el resto de personas que han formado parte del procedimiento de adjudicación interna.
El que fuera a comienzos del siglo XXI concejal del PP (y anteriormente del Grupo Independiente Liberal) continúa ejerciendo en el sistema educativo público, y precisamente por ello se ha mostrado muy molesto por la noticia aparecida en este digital, ya que considera que "da a entender que el alcalde me ha regalado una casa, y no es así. Se trata de un expediente que se remonta al año 2002".
Así, ha aportado a esta redacción toda la documentación relativa al grupo de viviendas de maestros Santo Tomás de Aquino, que ocupan docentes de la localidad desde "hace cuarenta años". Entre los documentos aportados, una ley: la 7/1999 de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que prevé en su disposición transitoria que "las entidades locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su propiedad, en los siguientes supuestos: que el ocupante esté en posesión efectiva y continuada que constituya su domicilio habitual (...), que la entidad local no hubiera iniciado acciones legales de desahucio en vía administrativa o judicial antes de la entrada en vigor de ésta".
Así las cosas, en base a dicha ley, el Consistorio de Estepona inició a finales del año 2002 los trámites de desafección de las viviendas, para posteriormente venderlas a sus ocupantes. Ya en mayo de 2003 el Director General de Administración Local firmó una resolución por la que "autorizaba al Ayuntamiento de Estepona para que enajenara viviendas de maestros del colegio Santo Tomás de Aquino a los vecinos ocupantes de las mismas", tal y como se recoge en el Expediente 335/2003.
Desde entonces todos los alcaldes y equipos de Gobierno que han pasado por el Consistorio esteponero han tenido paralizado el expediente. "Han pasado 9 años para que el Ayuntamiento cumpliese la resolución", se lamenta López, que añade que "nuestro alcalde, José María García Urbano, la ha sacado de los cajones, olvidada como otras cosas, y la ha ejecutado".
Según López, el Ayuntamiento se beneficiará de este modo, ya que no cobraba el IBI de ninguna de estas viviendas, al no ser en propiedad, algo que sí podrá hacer a partir de este momento. Por no decir el dinero que se ingresa por la venta de los inmuebles, cuyos precios oscilan entre los 39.200 y los 47.000 euros. "Allí hay casas que si te las ofrecieran por 20.000 euros, seguro que no la comprabas", asegura Pepe López.
