El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba acoge desde este lunes el caso por el derrumbe de la vivienda de la calle Palomares de la capital en febrero del año 2007, que acabó con la vida de un matrimonio. La Fiscalía de Córdoba solicita un total de 26 años y cinco meses de cárcel y una multa de 33.000 euros para los seis acusados.
Según recoge la calificación fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, el día 26 de diciembre de 2006, el representante de la empresa promotora y acusado, D.E.G., y el contratista principal y también acusado, J.C.M., firmaron el contrato para la construcción de un edificio de diez viviendas, once plazas de garaje y ocho trasteros en un solar de la calle Palomares.
La promotora contaba con licencia de obra nueva concedida por el Ayuntamiento de Córdoba y un proyecto redactado por el arquitecto y también acusado J.E.B.P., quien asumía también la dirección de la obra. Mientras, al promotor le correspondía la designación de un coordinador de seguridad al concurrir en la ejecución de la obra más de una empresa, obligación que, según el fiscal, no cumplió.
Por otro lado, el Estudio de Seguridad y Salud elaborado el 18 de enero de 2006 por el arquitecto técnico y también acusado, J.L.A.P., a instancia de la promotora, no se ajustaba a la legalidad, pues supuestamente su memoria descriptiva "no indicaba con claridad todos los riesgos laborales que podían ser evitados y no incluía el pliego de condiciones particulares en cuanto a normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas, así como las prescripciones técnicas sobre las características y utilización de todos los equipos y medios materiales existentes en la obra". Debido a estas deficiencias dicho estudio fue devuelto al objeto de salvar las referidas omisiones.
No obstante y sin esperar a la aprobación, tal y como indica el fiscal, en el mes de enero de 2007 comenzaron las obras con la fase de cimentación "sin que por parte de la empresa promotora se efectuase a la autoridad laboral el preceptivo aviso previo de inicio de los trabajos, ni por la empresa contratista se comunicase la apertura de centro de trabajo a la aludida autoridad". El Ministerio Público considera que estas supuestas irregularidades eran conocidas por el arquitecto, quien "no puso impedimento a la continuación de las obras"
Por parte de la empresa contratista, como encargado de obra, actuaba el acusado A.G.C., quien, por delegación de la empresa, contaba con plenas facultades para impartir órdenes e instrucciones en materia de seguridad. Sin embargo, una persona que ejercía de capataz mantenía diferencias con él sobre el modo en que se estaba realizando la cimentación.
Mientras tanto, el representante de la constructora supuestamente se desentendió de la ejecución de la obra; al tiempo que algunos vecinos manifestaban su temor a que "pudiera producirse un hecho desgraciado" a la vista del desarrollo de los trabajos. Al respecto, el arquitecto técnico visitaba "alguna vez" la obra para comprobar su estado, pero "no con la frecuencia que las particulares circunstancias de esta construcción exigían", según apunta el fiscal.
EXCAVACIONES
Para realizar los trabajos de excavación se subcontrató a otra empresa. Así, en la tarde del día 20 de febrero de 2007, la máquina retroexcavadora llegó a la obra conducida por el maquinista y acusado J.D.S. con el propósito de realizar las tareas que le fuesen indicadas. Había que proceder a la excavación mediante 'bataches', tal y como se había hecho en otros puntos del muro.
No obstante, el modo en que se acometió esta labor hizo que el capataz mostrase reiteradamente su disconformidad hasta que llegó un momento que mandó parar la máquina debido a la peligrosidad que entrañaba la profundidad --tres metros-- y extensión de la zanja --12 metros--, unido al estado en el que se encontraba el muro. Ello provocó que acudiese el encargado de la obra, dando lugar a "una tensa discusión", presenciada por la arqueóloga y en la que el capataz "insistía en parar" y el encargado, "en continuar". Finalmente, continuaron las labores y el maquinista, "conocedor del riesgo que conllevaba la excavación, en vez de negarse a realizarla decidió atender las indicaciones del encargado", tal y como sostiene el Ministerio Público.
Sobre las 18,00 horas, al terminar la jornada laboral, se detuvieron las labores, se recogieron las herramientas y, colindante al muro correspondiente a la parte posterior de la vivienda afectada supuestamente se dejó la zanja abierta "sin ningún tipo de afianzamiento u otra medida de seguridad".
Tras una noche muy lluviosa, la labor se reanudó sobre las 8,00 horas del día 21 de febrero, momento en el que el maquinista puso en marcha la máquina retroexcavadora y dos trabajadores debían introducirse en la zanja, pero no llegaron a hacerlo porque "de improviso se derrumbó la parte posterior del inmueble" correspondiente al número 4 de la calle Palomares, al ceder el terreno donde apoyaba el muro, arrastrando en su caída a enseres y moradores.
FALLECIDOS
El accidente sepultó a un matrimonio y a su hijo menor de edad, que pudo ser rescatado con vida, no así sus padres que fallecieron a pesar de los esforzados intentos de los bomberos y fuerzas de seguridad que acudieron al lugar. Además, la hija de los fallecidos resultó ilesa, si bien tuvo que ser atendida psicológicamente durante 180 días.
Según el Ministerio Público, los hechos relatados son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores por infracción de normas de seguridad; dos delitos de homicidio cometidos por imprudencia grave; dos delitos de lesiones por imprudencia, y un delito de daños por imprudencia grave.
Así, la Fiscalía pide una pena de cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 6.750 euros para el promotor; una pena de siete años y seis meses de cárcel y multa de 9.000 euros para el encargado de la obra; una pena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de 6.750 euros para el arquitecto que redactó el proyecto; una pena de cuatro años y seis meses de cárcel y multa de 6.750 euros para el arquitecto técnico que elaboró el estudio de seguridad; una pena de dos años y once meses de prisión y multa de 3.750 euros para el contratista principal, y una pena de dos años y seis meses de prisión para el maquinista. Además, cifra en 178.249 euros la valoración de los daños materiales ocasionados por el derrumbamiento.
