La decisión del alcalde de Estepona, José María García Urbano, de desalojar el salón de plenos en la última sesión (celebrada el apsado lunes) tras llamar la atención al público asistente en dos ocasiones por aplaudir, ha tenido ya una reacción por parte de la Plataforma Vecinal.
Como ya manifestó el Portavoz el pasado día 26 de Noviembre, al final del pleno, se insiste en que "en primer lugar, respetando lo que la legislación vigente establece, básicamente en la Ley Reguladora de las bases de Régimen Local y Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales en relación a las potestades del Alcalde en lo que respecta al orden que ha de mantenerse en el desarrollo de las sesiones plenarias, señalarle que en modo alguno, esta Plataforma Vecinal advirtió en el público, con anterioridad al desalojo de la sala, cualquier actuación que atentara contra la dignidad o posición política de ningún concejal que interviniere o asistiere al Pleno o contra el propio decoro de la Corporación Local".
"En segundo lugar, que con esta medida de calado altamente antidemocrático, se sustrae no ya sólo a los representantes de los vecinos en Estepona, esto es, sus concejales, sino también a los propios vecinos esteponeros de la posibilidad de conocer y compartir las diferentes posiciones que los diversos Grupos políticos en el Pleno (PP, PSOE y CIE) sostienen en relación a un instrumento tan importante como son Los Presupuestos Anuales de nuestro Ayuntamiento", expone el colectivo en su escrito.
Añaden además que "no solo se sustrae a los vecinos de escuchar lo que los diferentes grupos municipales sostienen en relación a los Presupuestos citados, sino que también se sustrae a lo que fue el resto de la celebración de la sesión, pues, tras la votación del Presupuesto Municipal, según el Orden del día de la citada sesión, se iba a proceder a asignar a cuatro trabajadores municipales unos complementos y productividades que mensualmente suponía un aumento en sus nóminas de 787,00 euros a cada uno de ellos, lo cual supone un claro despilfarro económico en la gestión de personal, contraviniendo acuerdos concertados con representantes de los trabajadores, así como una clara afrenta o agravio a lo que ha sido la política de personal de ese Ayuntamiento hasta ahora, o sea, la aprobación de un Expediente de Regulación de Empleo, que ha supuesto echar a la calle a 174 trabajadores municipales".
