Un hombre de 47 años que acumulaba deudas con una entidad financiera se ha suicidado en la localidad malagueña de Ardales, pese a haber llegado a un acuerdo amistoso hace unos meses para la dación en pago de su vivienda.
El alcalde del municipio, Juan Calderón, ha informado hoy a Efe de que el hombre, J.G., casado y con dos hijos, se suicidó el pasado sábado por la tarde, aunque recientemente había llegado a un acuerdo con la entidad financiera a la que debía dinero.
El fallecido, conductor de camión, atravesaba una "situación complicada" porque solo trabajaba uno de los cuatro miembros de la unidad familiar, según el alcalde.
Al saber de la situación económica en la que se encontraba, hace unas semanas el alcalde le comentó que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha unas oficinas para evitar desahucios, aunque éste no se mostró interesado.
El suceso ha ocasionado una gran conmoción en este municipio de 2.600 habitantes, situado en la comarca malagueña del Guadalteba.
Fuentes de Unicaja han confirmado a Efe que el fallecido mantenía deudas con la entidad y han remarcado que no ha habido ninguna carta de desahucio ni se llegó a hacer requerimiento alguno.
El hombre tenía diversas deudas e hizo una refinanciación y una moratoria con la entidad, y en el momento del suceso tenía cuatro cuotas impagadas, han precisado.
De hecho, han explicado que el pasado octubre el matrimonio y sus dos hijos firmaron una carta para la dación en pago de la vivienda de forma amistosa, y que en estos momentos se estaba estudiando la fórmula del alquiler social.
A este respecto, han añadido que cuando el ahora fallecido firmó el acuerdo de dación en pago, señaló a los representantes de la entidad que se sentía aliviado.
Las fuentes han señalado asimismo que Unicaja tiene paralizados todos los desahucios y mantiene una "especial política de vigilancia" de los casos de impago para que no entren en procedimientos de desahucio.
El pasado viernes, una mujer de 56 años murió en Málaga capital al arrojarse desde un cuarto piso, acuciada por problemas económicos, según relataron a Efe vecinos de la fallecida.
Aunque se había apuntado la posibilidad de que la mujer estuviera pendiente de un desalojo, sobre el domicilio familiar no pesaba ninguna orden judicial relativa a una ejecución hipotecaria, según fuentes judiciales.
La víctima tenía a su cargo a su madre, de 96 años, enferma e impedida en una cama.
