La delegada del Gobierno andaluz en Granada, María José Sánchez, ha dicho este martes no entender la reacción del Ayuntamiento de Granada a la noticia de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) haya avalado que la Administración Autonómica pueda retenerle una cuota mensual por lo conveniado para financiar las obras del Metro.
Concretamente, se ha referido al anuncio hecho por el concejal de Economía, Francisco Ledesma, que ha señalado que el Consistorio embargará a la Junta de Andalucía bienes inmuebles por valor de siete millones de euros, que es la cantidad que mantiene de deuda "líquida, vencida y exigible" con la corporación municipal.
En cualquier caso, según ha dicho, sólo podría embargarle los pisos de EPSA en Almanjáyar, porque la Junta no posee más bienes en la capital granadina, y no pueden ser objeto de ese embargo edificios que tengan que ver con servicios sociales básicos, del tipo colegios o centros de salud.
Además, ha querido aclarar que el auto del TSJA rechaza la medida cautelar que solicitó el Ayuntamiento para que se suspendiera la resolución de la Junta que, ante el incumplimiento por parte del ente local del pago para la financiación del Metro, incluido en el convenio suscrito entre ambas instituciones, conllevó la retención de su cuota correspondiente.
"La justicia lo que dice ahora es cúmplase ese compromiso que se adquiere en ese convenio", ha indicado la delegada, que ha recordado que la intención del Gobierno andaluz es que se finalice la infraestructura cuanto antes. "No entiendo la reacción del Ayuntamiento, porque ellos ya sabían muy bien, desde finales de noviembre, que el TSJA había rechazado su petición", ha sostenido.
