La Oficina de Intermediación Hipotecaria de la Diputación de Granada ha recibido en sus primeros diez meses de funcionamiento 244 expedientes, de los que se han enviado 238 "completados en toda su extensión" al Colegio de Abogados de Granada, entidad con la que funciona conjuntamente esta oficina.
Esta oficina ha atendido más de 650 llamadas telefónicas en este periodo de tiempo y ha recibido 240 visitas presenciales. De los desahucios previstos en virtud de estos expedientes, la oficina ha trabajado en "la concienciación de todos" para evitar el cien por cien de ellos con su labor de intermediación con las entidades bancarias.
Paralizar o suspender todos los desahucios que estaban previstos en los expedientes en los que ha intermediado la Diputación Provincial ha sido posible en gran medida a la "concienciación de las entidades bancarias", según ha explicado este martes el diputado delegado de Asistencia a Municipios, José Torrente, que ha pedido proseguir en este esfuerzo a los bancos que "deben entender que esta es una oficina que también a ellos interesa".
"La sensación que en el Gobierno de la Diputación se tiene es de haber hecho algo positivo frente a la situación crítica de muchas familias. Cada acuerdo logrado es una justificación fehaciente de que la Institución Provincial ha hecho un buen servicio y para eso estamos", ha explicado José Torrente durante el balance que ha realizado hoy en rueda de prensa de la actividad de la Oficina de Intermediación Hipotecaria desde su puesta en marcha.
La Oficina de Intermediación Hipotecaria ha ido extendiendo en estos diez meses su campo de acción a toda la provincia y, partiendo del asesoramiento que lleva a cabo desde la sede principal de la Institución Provincial y las oficinas del Colegio de Abogados de Granada, ha pasado a prestar servicio a toda la costa granadina desde Motril. Mantiene además acuerdos para el asesoramiento de los vecinos con los ayuntamientos de Alhama, Ogíjares y Armilla y lo hará próximamente en Monachil. A su vez, está pendiente la firma de convenios de colaboración con el mismo objetivo con el ayuntamiento de Guadix y "estamos abiertos a hacerlo con cualquier ayuntamiento que lo crea necesario".
"La Diputación de Granada fue pionera en poner a disposición de los ciudadanos que peor lo están pasando un servicio de apoyo jurídico y asesoramiento conveniado y acordado con el Colegio de Abogados", ha destacado el diputado de Asistencia a Municipios que ha anunciado la predisposición de ambas instituciones a renovar el convenio de colaboración para que la Oficina de Intermediación Hipotecaria siga funcionando en la provincia "porque entendemos que ha sido valiosa".
De los casos que han sido vistos por los expertos del Colegio de Abogados de Granada a través de la OIH, en el ochenta por ciento de los procesos de ejecución hipotecaria iniciados se han conseguido acuerdos con las entidades bancarias que se han traducido en la modificación de los contratos para ampliar los periodos de amortización de las hipotecas o en el establecimiento de alquileres sociales que permiten que "aunque la vivienda siga siendo propiedad del banco, el inquilino no vaya a la calle".
Según ha explicado también José Torrente, para la resolución de estos expedientes se ha llegado en al menos diez casos a acuerdos que pasan por la dación en pago. Esta fórmula que supone que la entidad bancaria asume la deuda a cambio de la propiedad del inmueble tiene inconvenientes pues "la dación en pago resuelve el contrato pero a la familia la sigue dejando sin vivienda" por lo que es necesario "seguir profundizando en la normativa" para solucionar en toda su magnitud "un problema de cobertura social".
En el veinte por ciento de los expedientes iniciados por impagos que se han resuelto con la paralización del proceso de desahucio, se ha conseguido que el préstamo continúe siendo pagado por el cliente por haber encontrado un empleo y haber visto modificada su situación económica, o bien que "haya habido una reestructuración del problema entre el banco y el cliente que pretenden llegar a un nuevo acuerdo estableciendo nuevas condiciones".
El diputado de Asistencia a Municipios se ha congratulado de que otras administraciones en la provincia, como la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Granada, se hayan unido a esta tarea en la que la Diputación Provincial con el Colegio de Abogados ha sido pionera y que seguirá, según ha destacado José Torrente, extendiendo su implantación en todos los municipios y comarcas que así lo requieran para que "ninguna familia pueda alegar desamparo" y verse "en la calle porque ha incumplido los plazos contratados o no ha tenido el asesoramiento debido".
