El presidente de la Corporación provincial, Francisco Reyes, anunció ayer que el ente provincial va a poner en marcha, a partir del mes de febrero, una Oficina de Intermediación para pagos con el objetivo de evitar posibles incumplimientos de pagos a subcontratas o a sus propios trabajadores por parte de empresas que sean contratadas por la Administración provincial.
Aún no se ha aclarado si pertenecerá al área de Presidencia o de Infraestructuras, pero el objetivo es ayudar a conseguir que la marca Diputación Provincial, que hace frente a los pagos a las empresas en un plazo de 48 días, se respete, y que las empresas subcontratadas o los trabajadores de éstas no dejen de percibir sus honorarios y la excusa sea que la Administración no paga. Y es que según argumentó Francisco Reyes, en los últimos meses se han dado continuos casos de empresas subcontratadas y empleados de empresas que han cobrado de la Diputación que han reclamado sus salarios y honorarios por los servicios prestados.
“Si se comprueba que las empresas que han cobrado no cumplen con sus subcontratas o sus empleados en el pago de su salario, dejarán de trabajar para esta Diputación”, sentenció Reyes.
La Diputación será la intermediaria y buscará soluciones, basadas en medidas de arbitraje que esperan “se solucione con el simple diálogo entre las partes implicadas”. Según el presidente de la Diputación, el ente provincial mostrará “tolerancia cero” ante este tipo de actuaciones que no benefician a la marca 'Diputación Provincial de Jaén', que “cumple con el pago a las empresas”.
Actualmente se está trabajando en la elaboración de un reglamento para el funcionamiento de este servicio en el que se establecerán las pautas a seguir.
Reyes explicó a este respecto que la Oficina también contemplará acciones administrativas para los casos en los que el arbitraje no sea una solución.
Cambio en los pliegos de condiciones
El presidente de la Diputación Provincial de Jaén aseguró que "siempre de acuerdo con la legislación vigente", se buscará impulsar medidas que impidan que las empresas que no den respuesta a sus obligaciones, "incluso, no vuelvan a trabajar con la Administración provincial". Para ello, además, se prevé la modificación de los pliegos de condiciones en las diferentes licitaciones de obras o servicios que desarrolla la Diputación para incluir estos aspectos. Asegura que es “otra forma de hacer política que se contrapone a la austeridad por la austeridad o a los recortes por los recortes, de los que ya se están viendo los resultados”.
