El fiscal considera que ambos procesados han incurrido en un delito continuado contra la ordenación del territorio y las licencias se concedían con “desprecio de la normativa vigente”, según la calificación fiscal, a la que tuvo acceso Efe.
La acusación pública entiende que el arquitecto informó favorablemente de dichos permisos a pesar de saber que no se cumplían los requisitos, que se daban en suelo no urbanizable y a sabiendas de que se incumplía la normativa urbanística.
En la causa también hay imputados cinco concejales más que fueron ediles entre 2000 y 2003. Tres de ellos, siguen actualmente ocupando cargos públicos en el consistorio.
A cuatro de estos concejales se le imputa un delito continuado contra la ordenación del territorio, mientas que al quinto edil se le acusa de un solo delito urbanístico.
Las licencias se concedían presuntamente pese a que los acusados "eran conocedores" de que los informes técnicos y jurídicos se oponían a la concesión de algunas de las mismas.
Entre las licencias que se concedieron había para la construcción de dos piscinas en suelo no urbanizable, reformar una vivienda cuando ésta no existía así como para la construcción, rehabilitación y ampliación de diversas viviendas unifamiliares.
