El Gobierno central prevé arbitrar una serie de medidas para compensar a las embarcaciones de Algeciras y La Línea de la Concepción (Cádiz) que, faenando en las aguas que rodean Gibraltar, se vean implicados en incidentes con el Gobierno del Peñón que les impidan el correcto desarrollo de la pesca, según ha explicado este martes el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez.
Al término de la reunión que ha mantenido en Madrid con responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores, el sector pesquero, la Guardia Civil y los alcaldes de las dos poblaciones, Domínguez ha detallado que esas ayudas no irán destinadas a toda la flota sino a aquellos barcos que sufran un "hecho concreto" de la policía gibraltareña, que se arbitrarán de acuerdo al derecho comunitario y que se prevé que pasen por la concesión de ayudas de mínimas y la flexibilización en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
Un año después del inicio del conflicto suscitado cuando el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, dio por roto el acuerdo de 1999 por el que la colonia permitía a los pescadores campogibraltareños faenar en las aguas que rodean al Peñón, las administraciones y el sector se han vuelto a reunir para revisar una situación que, pese a que últimamente no ha tenido "incidentes graves", permanece latente y con "dificultades".
Así las cosas, a la vista de que el trabajo de los pescadores aún no se desarrolla "con normalidad", el Gobierno central también va a continuar ofreciendo protección a la flota a través de la Guardia Civil.
Del mismo modo, se mantiene una postura de "no caer en la provocación" de Gibraltar y "no responder a posibles actuaciones no pacíficas", ha señalado Domínguez.
El responsable de Pesca ha señalado que esa protección de la Guardia Civil será "especial" con el 'Divina Providencia', cuyo patrón, Francisco Gómez, se enfrenta este viernes a un juicio en la colonia, acusado en el inicio del conflicto de un delito de intromisión en las aguas que Gibraltar considera propias.
Al respecto, Domínguez ha indicado que el Gobierno de España ha facilitado a Gómez un escrito que certifica que cuando fue detenido y acusado por las autoridades gibraltareñas se encontraba en una situación legal de acuerdo a la normativa y las condiciones establecidas. Este documento se le entrega al patrón como certificado de la legalidad que España defiende en su situación pero no al tribunal gibraltareño que previsiblemente le juzgará este viernes ya que España continúa sin reconocer a éste ultimo.
Aplazar el juicio
Al término de la reunión los alcaldes de Algeciras y La Línea, José Ignacio Landaluce (PP) y Gema Araújo (PSOE), respectivamente, han valorado positivamente el respaldo del Ejecutivo a los pescadores de la zona y ambos han coincidido en abogar por un aplazamiento en el juicio contra Gómez de modo que dé tiempo a que la colonia británica apruebe una normativa que haga compatible que los pescadores puedan faenar y, con ello, "rebajar" la tensión.
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, Pedro Maza, ha agradecido el establecimiento de las medidas hacia los pescadores que se vean afectados pero ha recalcado que lo que quiere el sector "no son ayudas subsidiarias sino volver a una situación normal" y, por ello, su postura es la de "seguir dialogando con cordura".
En la misma línea, ha rechazado que los pescadores puedan ser utilizados como "moneda de cambio" o como "arma arrojadiza" en el conflicto que permanece de fondo y que es la soberanía sobre el Peñón.
