La acusación particular del caso de los asesores que representa al Ayuntamiento de Jerez bajará “muy considerablemente” la petición de pena para el exalcalde Pedro Pacheco y sus exasesores Manuel Cobacho y José López, todos ellos imputados por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Así lo avanzó ayer al término del cuarto día del juicio que se sigue en la sección octava de la Audiencia Provincial el abogado Juan Pedro Cosano.
El letrado contratado por Emusujesa para ejercer la acusación en esta causa explicó a los periodistas ya fuera de la sala que “aún sabiendo la gravedad de los hechos” va a bajar “considerablemente” su petición inicial de 18 años de cárcel. A falta de que hoy detalle los términos de esta modificación, adelantó que lo hará “manteniendo la misma calificación delictiva”, pero “de una forma diferente”. “Quiero ser sensato y adecuar la actuación del ayuntamiento al principio de legalidad y proporcionalidad”, dijo.
Y es que, aunque Cosano admitió que el delito de malversación “está muy penado”, también considera que la conducta de los tres procesados “hay que contextualizarla”, ya que, en su opinión, “no puede ser que una persona tenga una petición de pena superior a la que tendría por matar a otro”, por lo que “vamos a actuar en consecuencia”.
Esto, sin embargo, no significa que las condenan vayan a alejarse de las penas de cárcel. “Serán superiores a los dos años”, sentenció. El anuncio de Cosano sumado a la intervención del catedrático de Derecho José Luis Rivero, en calidad de perito y de testigo, fueron lo más relevante de una jornada en la que varios funcionarios, algunos de más de 40 años en el Ayuntamiento, volvieron a insistir en obligatoriedad legal de que los contratos de López y Cobacho pasaran por los consejos de administración de Emusujesa y Speed Festival y hubiera publicidad y concurrencia. Hoy viernes, el caso más mediático de los últimos tiempos en Jerez queda visto para sentencia. El interrogante ahora es si la fiscal rebaja también sus 17,5 años de condena.
“Aquí se han complicado la vida con los asesores”
Con una dilatada trayectoria como catedrático de Derecho Administrativo, José Luis Rivero, se convirtió en el protagonista de la vista por sus afirmaciones y sus interesantes reflexiones. Su pericial fue aportada por la defensa y no estuvo exenta de debate con la acusación, ya que no consiguieron acercar posturas ni en la interpretación de la jurisprudencia en legislación laboral. Lo que sí dijo claro es que al margen de las “irregularidades administrativas” que puedan existir, los contratos de López y Cobacho “no contravienen ni una sola norma” tras precisar que los contratos de asesores “guste o no” “son discrecionales y no precisan motivación”, siempre que haya “dinero” y “facultad” para contratar.
Al tratarse de contrataciones para dos sociedades mercantiles de carácter público y mixta, según el catedrático, estarían excluidos de la Ley de Contratos de la Administración Pública. “Aquí se han complicado la vida con el caso de los asesores, pero esto no altera nada”, aseguraba a Cosano, lo que no quita, apuntó, que el de Jerez “no es mi modelo de Ayuntamiento” sino uno “donde no haya cargos de confianza”. El problema es que Rivero no sabía que el PSA ya había superado su cupo con los tres asesores de confianza aprobados en el famoso Pleno de enero de 2005 y que estos ya habían sido nombrados sin que hubieran asignado dichos cargos a López y Cobacho.
El documento de la controversia
El tribunal aceptó ayer in extremis un “documento complementario” que el abogado de la defensa, Felipe Meléndez, definió como el “desarrollo” del documento político de PSOE-PSA en diciembre de 2004. Aunque esta prueba se vendió como la “bomba” del día, nada más lejos de la realidad. Meléndez explicó que el documento “no tenía mayor trascendencia” sino “hacer constar la delegación en vicepresidencias ejecutivas (Pacheco) por parte de las sociedades que presidía Sánchez”. La acusación avisó de que el escrito se les va a volver en su contra.
