El Ayuntamiento de Córdoba "acatará la resolución del Tribunal Constitucional (TC)" que impide que los consistorios puedan nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a quien no haya concurrido a unas elecciones, lo que, en este caso, una vez confirmada dicha sentencia, afectaría a la delegada de Juventud y Cooperación, Verónica Martos, y al delegado de Deportes y presidente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Miguel Reina.
Así lo ha dicho este lunes, en declaraciones a Europa Press, el alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto (PP), quien ha aclarado que "está por ver el contenido de la resolución" del TC, pero que, en cualquier caso, el Consistorio cordobés se atendrá "a lo que diga el Tribunal Constitucional, acatando la sentencia y respetando los criterios de la Justicia, como hemos hecho siempre".
En consecuencia, "en el Ayuntamiento de Córdoba no habrá ningún problema en acatar la sentencia, en los términos en los que se explicite y según la valoración que haga el Constitucional del recurso que se formuló en su día" por la Generalitat catalana, al considerar, en contra de lo dispuesto en la llamada Ley de las Grandes Ciudades, que los gobiernos de los ayuntamiento únicamente deberían estar formados por concejales que hayan sido elegidos en una lista electoral.
Por tanto, el Ayuntamiento de Córdoba está a la espera de que "se concrete" la sentencia específica, pues lo que hasta ahora ha trascendido es que el TC deliberó la pasada semana sobre el recurso de la Generalitat y hubo, al menos, un voto particular, y el veredicto como tal no está redactado, ni notificado aún.
En cualquier caso, el alcalde cordobés ha reconocido que la resolución del TC podrá afectar en el Consistorio cordobés a Miguel Reina y Verónica Martos, como delegados que forman parte de la Junta de Gobierno Local, "que estarán, evidentemente, a lo que diga el TC", recordando que "están haciendo una labor espléndida y sería una pena que se viera afectada, pero, lógicamente, no vamos a ir en contra de una resolución del Tribunal Constitucional".
El gobierno catalán presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Grandes Ciudades de 2003, que reformó la Ley de Bases de Régimen Local, por la que se regulaba la organización de los ayuntamientos españoles y en la que se contemplaba que también podrían ser miembros del gobierno local aquellos que no se habían presentado en listas electorales. La Generalitat catalana alegó que esta reforma lesionaba sus competencias.
