El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Málaga ha condenado al Ayuntamiento de la localidad malagueña de Torrox a abonar a un oficial de la Policía Local del municipio las cantidades que le fueron detraídas de su sueldo a causa de la apertura de varios expedientes por la comisión de presuntas faltas disciplinarias.
Así lo ha dado a conocer este jueves el portavoz municipal de IU, Antonio Toro, quien ha explicado que el 8 de octubre de 2012 el Ayuntamiento de Torrox emitió una resolución condenatoria contra el oficial de policía, en la que le suspendía de empleo y sueldo durante 10 días por siete faltas disciplinarias, cometidas presuntamente entre el 3 de julio de 2011 y el 10 de octubre de ese mismo año.
Toro ha indicado en un comunicado que el funcionario recurrió esta resolución, que ahora revoca el juez fundamentando su fallo "en lo que ya habían insistido los policías una y otra vez ante la instrucción de los muchísimos expedientes abiertos, que no se ajustaban a ley por diversos motivos, pero sobre todo porque ni la instrucción ni el alcalde han respetado el convenio del Ayuntamiento".
"El magistrado no ha entrado siquiera en el fondo de la cuestión, no ha llegado a valorar si los expedientes eran los adecuados o no en función de la presunta infracción cometida", ha precisado el portavoz de IU, quien ha apuntado que "el juez directamente ha dictaminado que el procedimiento estaba caducado, entre otras cosas por inactividad de la administración".
El dirigente de izquierdas ha considerado que este fallo judicial supone una muestra de "la manipulación torticera que hace el alcalde del poder delegado por los ciudadanos", y ha criticado al regidor porque "su insistente teoría del escarmiento, desde una posición soberbia, y su nula capacidad de diálogo se traducen una y otra vez en un mayor coste para las arcas municipales".
En este sentido, ha recordado que al coste del proceso desde la apertura del expediente y la instrucción del mismo "ahora hay que sumar la devolución de lo detraído al agente, más los intereses y las costas del proceso, amén del tiempo de 'vacaciones' que le otorgaba el alcalde".
Toro ha asegurado que, en la actualidad, hay en el Ayuntamiento "muchísimos expedientes en curso con el mismo procedimiento, con los mismos recursos por parte de los policías, algunos de ellos son de 45 días de sanción y algunas causas están previstas para 2014 y 2015".
Según ha señalado, si en todas ellas el fallo judicial es también contrario a la postura del Consistorio, esto "puede suponer muchos miles de euros, que una vez más pagaremos los ciudadanos de éste municipio". Por ello, ha pedido al regidor "diálogo" para acabar "con la sangría económica y la caza de brujas hacia policías".
