La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha propuesto a los grupos parlamentarios elevar a los 16 años la edad mínima de consentimiento sexual en menores para relaciones con adultos, situada en España en los 13 años, la más baja de los países del entorno.
Así lo ha anunciado en su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso la ministra del ramo, siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU de 2007, con el fin de luchar contra la pederastia, así como del Consejo de Europa, que considera que por debajo de los 15 años un niño no puede dar su consentimiento para mantener una relación sexual con un adulto.
"Ofrecí el consenso a esta cuestión y quiero plantear a los grupos políticos establecer la edad mínima de consentimiento para mantener relaciones sexuales con adultos en los 16 años y de esta manera lucharemos más eficazmente contra los abusos de los menores y nos acercaremos a la edad media establecida en el resto de los países del entorno", ha señalado.
Fue en abril cuando la ministra presentó en el Consejo de Ministros el Plan de Infancia y Adolescencia, que sube la edad para contraer matrimonio a los 16 años, y donde manifestó su intención de elevar igualmente la edad de consentimiento sexual, aunque sin precisar la edad.
PLAN ESTRATÉGICO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
En su intervención Mato también ha avanzado que el Gobierno ultima un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, cuyos ejes se centrarán en el empleo y el emprendimiento, la conciliación y la corresponsabilidad, así como en la lucha contra la violencia de género, líneas de actuación que serán a su vez desarrolladas por planes o estrategias especiales.
Así, ha detallado que este plan se articulará en siete ejes, más de 30 objetivos y más de 180 medidas, aparte de contar con una dotación presupuestaria de los 5.200 millones de euros del Plan de infancia y adolescencia, y de 1.593 millones de euros en la Estrategia de erradicación de violencia de género 2013-2016, compuesta por 250 medidas para proteger a mujeres y niños.
Con ello, ha destacado que el plan presta especial atención a las mujeres rurales, así como a las víctimas de discriminación, en riesgo de vulnerabilidad, personas con discapacidad o pertenecientes a grupos étnicos y, por ello ha insistido en que los ejes del plan se dirigen a ellos.
Además, se incluyen en este grupo desempleadas de larga duración, pues el Empleo y la lucha contra la discriminación salarial forman parte del plan, aparte de la conciliación, la violencia de género, la participación de las mujeres, la educación, el desarrollo de acciones en el marco de otras políticas sectoriales e instrumentos para integrar el principio de igualdad en las políticas del Gobierno.
Entre las medidas relacionadas con el empleo, la ministra ha asegurado que se favorecerá la empleabilidad de mujeres vulnerables y se estudiará la fiscalidad y el sistema de algunas prestaciones públicas para detectar posibles desigualdades y "corregir posibles elementos desincentivadores sobre el empleo de la mujer".
Sobre la conciliación, la responsable de Sanidad ha indicado que los objetivos se van a desarrollar a través del Plan Integral de Apoyo a la Familia, mientras que sobre la participación de las mujeres se van a proponer acuerdos voluntarios con las empresas para adoptar medidas que aceleren la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad.
La ministra ha condenando a su vez la muerte de las 22 víctimas de violencia de género en lo que va de 2013, así como la de los 3 menores que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado, a la vez que ha transmitido su solidaridad a los 24 niños que han quedado huérfanos por esta causa.
ESTRATEGIA VIOLENCIA DE GÉNERO
Más concretamente, sobre la Estrategia de Erradicación de Violencia de Género, Mato ha señalado que la estrategia ha contado con las aportaciones de Ministerios, comunidades autónomas, Fiscalía, CGPJ y del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, así como de las asociaciones de mujeres.
Se articulará en torno a los cuatro principales problemas, según ha detallado: el silencio de las mujeres y su entorno, la necesidad de una respuesta personalizada, la atención a los grupos vulnerables y las otras formas de violencia contra la mujer (matrimonios forzados, mutilación genital y trata con fines de explotación sexual).
Además, ha subrayado que la Reforma del Código Penal suprimirá las infracciones penales de falta en este ámbito, convirtiéndolas en delitos y se hará más difícil evitar las penas de prisión para los condenados por maltrato, a la vez que extenderá la medida de libertad vigilada a los delitos de violencia de género.
Sobre este asunto ha reiterado que no desaparecerá el agravante de la presencia del menor en una agresión machista, precepto que había desaparecido en el borrador de la reforma, según ha dicho, por un "mero error técnico" que "será subsanado".
Asimismo, ha anunciado que, en la próxima Conferencia Sectorial de Igualdad se aprobará una propuesta para la coordinación y la puesta en marcha de los planes personalizados, que culminará con el objetivo de la "ventanilla única".
En cuanto a la trata de seres humanos, asunto sobre el que se habían interesado UPyD y la Izquierda Plural, Mato ha recordado que se ejecutaron, según últimos datos disponibles, 2.375 inspecciones, donde se identificaron 14.730 personas en riesgo de trata, y ha dicho que espera que la subcomisión parlametaria que se prevé crear sobre este asunto sirva para adoptar nuevas medidas.
Para la portavoz del Grupo Socialista, Carmen Montón, el Gobierno está "intentando destrozar la ley de violencia de género por la puerta de atrás" una norma que a su juicio no hay que modificar, sino reforzar y "hacer que se cumpla". Además, se ha referido a caso particular de los menores y ha pedido a Mato que les proteja de verdad, ya que "sólo se suspende el régimen de visitas en el 3% de las órdenes" a pesar de que un maltratador "no es un buen padre, ni un buen ejemplo".
