El Juzgado de lo Penal número 7 de Sevilla ha condenado a seis meses de cárcel y el pago de una multa de 1.080 euros a un hombre por levantar una casa prefabricada de 30 metros cuadrados en una zona de Carmona de especial protección por la existencia de acuíferos, edificación que deberá demoler a su costa en un plazo de seis meses.
En la sentencia, consultada por Europa Press, la juez condena al acusado, T.M.V., por un delito contra la ordenación del territorio, delito del que absuelve a su esposa al tratarse "de una mera espectadora de la obra" realizada por el imputado.
Fue en octubre de 2009 cuando el condenado y su mujer adquirieron parte de una finca en el paraje conocido con el nombre de 'Las Loberas', con lo cual llevó a cabo "una parcelación ilegal por dividir la finca original en lotes inferiores a la unidad mínima de cultivo".
La finca está ubicada en suelo no urbanizable de especial protección por la existencia de acuíferos, dice la juez, que asevera que, "sin pedir siquiera licencia" al Ayuntamiento y siendo "consciente" de la imposibilidad de construir, el acusado alzó en mayo de 2010 una casa compuesta por dos módulo prefabricados en el terreno, que ya estaba vallado.
Además, realizó una ampliación "a modo" de porche cimentada sobre vigas de hormigón y ladrillo, además de una canalización a fosa séptica para aguas residuales, dotando a todo ello de suministro de agua procedente de un pozo, luz eléctrica, antena de TV y aire acondicionado.
La juez concluye que la edificación "no es autorizable o legalizable" conforme al planeamiento municipal al tratarse de terrenos derivados de una parcelación ilegal en suelo rústico y estar prohibida toda construcción que pueda dar lugar a la formación de un núcleo de población, "como es el caso", en el que la finca original "se ha subdividido irregularmente en 179 parcelas, la mayoría de ellas con edificaciones".
El coste de reposición de la finca a su estado original se ha tasado en 3.349 euros.
El juicio por estos hechos no llegó a celebrarse tras la conformidad mostrada por los acusados con el nuevo escrito de acusación presentado por la Fiscalía, indica la juez, que concede al acusado la suspensión de la pena de prisión con la condición de que no cometa un nuevo delito en un periodo de dos años.
