La Secretaría de Estado de Medio Ambiente; dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; ha resuelto que el proyecto de retirada de arenas en la duna de Valdevaqueros, en Tarifa (Cádiz), y su aporte en playas adyacentes no requiere de evaluación de impacto ambiental, al no prever que vaya a producir "impactos adversos significativos".
Según consta en la resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, el documento ambiental del proyecto se recibió en febrero y, una vez analizado, fue sometido a consultas previas a un total de 24 organismos, entre administraciones afectadas y público interesado.
El objeto inicial del proyecto, cuyo promotor es la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico, es la limpieza de arenas de la carretera A-2325, que comunica la localidad de Baja Paloma con la red viaria general (N-340), sin la cual dicha pedanía quedaría aislada.
Dada la "extremada urgencia" de habilitar el vial, se optó como solución "temporal" por este proyecto de retirada, por medios mecánicos, de la arena depositada en la carretera y en las zonas aledañas, estableciendo un talud en el lado de la duna de 3/2, el cual arrancaría a una distancia de 15 metros del borde de la carretera. Se ha calculado la retirada de 55.000 metros cúbicos de arena.
Dicha arena sería llevada a playas los términos municipales de Tarifa, Algeciras y Los Barrios que se encuentran actualmente con déficit de materiales --se citaban las playas de La Peña y Los Lances, El Rinconcillo y Palmones--.
Analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se ha decidido, entre otras cuestiones, dar prioridad a las playas de Los Lances o Valdevaqueros para el vertido de las arenas, es decir, a las que están dentro de la misma unidad fisiográfica de la duna.
Cabe señalar que la retirada de la arena se realizaría dentro del ámbito del Parque Natural del Estrecho, también incluido en la Red Natura como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), si bien disponen del informe favorable de la Delegación Territorial de Cádiz de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Tras los análisis pertinentes, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural ha resuelto que no es necesario realizar la tramitación prevista en la sección primera del capítulo dos de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que "no es previsible" que vaya a producir "impactos adversos significativos".
El documento deja claro que lo que se plantea es una "solución temporal" a la situación de incomunicación que viene sufriendo desde hace años el núcleo de Paloma Baja. Por ello, plantea la necesidad de abrir "un nuevo proceso de diálogo" con participación de las administraciones competentes y organizaciones interesadas con el objeto de buscar una solución "definitiva" al problema planteado, que subraya que es "recurrente en el tiempo" y que esta actuación "no resolverá definitivamente".
