Así, el Ministerio Público insta a Garzón a remitir la investigación por la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, reafirmándose en el dictamen emitido el pasado 18 de febrero también a petición del magistrado, según informó la Fiscalía General del Estado en una nota de prensa.
De cualquier modo, y aunque no es previsible, el juez podría acabar elevando una exposición razonada al Supremo, ya que el informe que ayer le entregó la Fiscalía no es vinculante, han señalado fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional.
El pasado miércoles, y tras recibir un informe policial elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal en el que, según Garzón, “se contienen nuevos datos que podrían resultar fundamentales para la remisión de las exposiciones razonadas y la aparición de un nuevo caso de aforamiento”, el magistrado pidió nuevamente su opinión a Anticorrupción.
El juez dictó una providencia dando a un plazo de 48 horas a la Fiscalía –que ésta se apresuró a anunciar que no respetaría– para que informara no sólo de si procedía remitir una exposición razonada al TS “sobre los casos de su competencia”, en referencia a los aforados nacionales presuntamente implicados, sino sobre si lo más adecuado no sería remitir todo el caso al Alto Tribunal.
Los aforados contra los que Garzón apreciaba indicios de delito eran el senador Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP, y el eurodiputado de este partido Gerardo Galeote.
La Fiscalía, sin embargo, ha considerado que los datos que obran en la causa sobre ellos –según lo publicado por varios medios de comunicación, varios de los imputados en el caso les citan en sus conversaciones como perceptores de ciertas cantidades de dinero– no están corroborados por otros indicios y no son suficientes para pedir al Supremo que les investigue.
El Ministerio Público sí considera bastantes los indicios contra aforados autonómicos, por lo que ha reiterado su petición a Garzón de que se inhiba de la práctica totalidad del caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con la excepción de la investigación de determinados hechos “perfectamente escindibles”, que debería seguirse en el de Valencia.
EL EX ALCALDE DE BOADILLA NO DECLARARÁ
El ex alcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero se negó ayer a declarar como imputado en el ‘caso Gürtel’ hasta que el juez Baltasar Garzón se inhiba y se sepa qué tribunal se hará cargo de la investigación de esta presunta trama de corrupción que se vincula a cargos del PP.
Además de González Panero, ayer comparecieron ante Garzón otros cinco imputados a los que el magistrado ha dejado en libertad sin medidas cautelares, entre ellos el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega Alonso y el empresario castellano-leonés del sector de la comunicación José Luis Ulibarri.
De este modo, de los 37 imputados son ya 26 –sin contar a González Panero– los que se encuentran en libertad y sólo tres han ingresado en prisión: el presunto líder de la red de corrupción investigada, Francisco Correa; su primo Antoine Sánchez y Pablo Crespo.
Mientras el juez Garzón hacía estas diligencias, el Consejo General del Poder Judicial daba a conocer su candidatura a la presidencia de la Audiencia Nacional.
