El Juzgado de lo Penal número 3 de Granada acoge desde este miércoles, a partir de las 9,00 horas, el juicio contra 22 trabajadores de Transportes Rober imputados por la supuesta comisión de un delito contra el derecho de los trabajadores por su actuación como piquetes en la huelga convocada entre el 30 de enero y el 20 de febrero de 2009, hechos por los que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de cárcel.
La vista estaba prevista para el pasado 23 de mayo, aunque la ausencia de uno de los procesados, de baja médica por hospitalización, obligó a un aplazamiento, hasta el 6 y 8 de noviembre.
En los días previos al juicio, que sentará en el banquillo al secretario provincial de CCOO en Granada, Ricardo Flores, entre otros, el sindicato se ha movilizado para pedir la absolución de los 22 empleados, defendiendo que en aquella huelga se consiguieron importantes mejoras para la plantilla, entre ellas la condición de trabajadores fijos para 35 conductores.
También este miércoles, media hora antes del juicio, a las 8,30 horas, han convocado una concentración en los Juzgados de la Caleta, a la que está previsto que acuda el secretario general de CCOO de Andalucía, Francisco Carbonero, y el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Andalucía, Agustín De la Cruz.
El juicio se fijó a raíz de una denuncia presentada por la anterior Gerencia de Transportes Rober por la actuación de los piquetes informativos en la citada huelga, al considerar que se produjeron "coacciones" al personal de la empresa e "interrupciones del servicio público de autobuses y de los servicios mínimos legalmente establecidos".
Finalmente, la Fiscalía calificó los hechos como un posible delito contra el derecho de los trabajadores y pide penas de hasta cuatro años de cárcel. El Ministerio Público ha mantenido su acusación pese a que la empresa ha retirado la denuncia tras alcanzar un acuerdo con los trabajadores, lo que ha motivado que el juicio siga adelante.
El secretario general de CCOO de Granada, Ricardo Flores, considera "desproporcionada" la pena solicitada ya que, según han mantenido, "los piquetes informativos están amparados por la Ley al estar ejerciendo los trabajadores el derecho fundamental reconocido en el artículo 28.1 de la Constitución Española de informar sobre una huelga".
