La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, que instruye el 'caso Quality Food', ha notificado a las partes un auto por el que imputa al edil del Ayuntamiento de la capital gaditana y consejero del PP en la Zona Franca de Cádiz Ignacio Romaní, según han indicado a Europa Press fuentes del caso.
Entienden las citadas fuentes que su imputación sería "por malversación", al igual que el exdelegado especial del Estado para la Zona Franca de Cádiz Miguel Osuna, el exjefe de gabinete de éste y actual director de la Zona Franca, Manuel Fedriani, el empresario responsable de la empresa alimentaria Quality Food, Manuel García Gallardo, y varios familiares de éste.
Este auto es consecuencia del que se dio a conocer el pasado 22 de noviembre de la Audiencia Provincial de Cádiz, que aceptaba el recurso interpuesto por Romaní y revocaba su imputación al entender que la misma requiere "una motivación, aunque somera, de los elementos extraídos de la instrucción como imputables a quien se acuerda que preste declaración como imputado".
Decía el auto de la Audiencia que el objetivo es garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse situaciones materiales de indefensión, por lo que estimaba dejar sin efecto la imputación de Romaní para que se dictase un auto que se ajuste a los términos de su resolución.
Así las cosas, según las mencionadas fuentes, la juez notificó este jueves un "extenso" auto en el que argumenta que se hace "imprescindible" imputar al señor Romaní en esta fase procesal para que aporte la "información pertinente sobre la malversación de fondos públicos ocurrida en la Zona Franca".
Entre otras cuestiones, expone que en la declaración realizada por Romaní el pasado 10 de julio se refleja la existencia de "importantes contracciones" con lo declarado por Osuna, quien "sin hacer mención expresa a persona concreta", relataba la "especial implicación del Ayuntamiento de Cádiz" y atribuía a Romaní un "perfecto conocimiento de lo que acontecía en la Zona Franca pese a no entrar en ella hasta el año 2003".
Recoge el auto que Romaní refirió en su declaración que todo lo que conocía de Zona Franca lo sabía por los comités y los plenos, o cual es "al menos incorrecto", al haberse conocido valoraciones de la empresa que "no aparecen en ninguna de las actas de la Zona Franca ni consta que se estuvieron debatiendo en estas", habiendo manifestado Osuna que desconocía las valoraciones de Quality Food elaboradas por esa empresa en concreto.
Según las citadas fuentes, la juez indica en el auto que dicho "conocimiento extraoficial" hace que cobren fuerza las manifestaciones de García Gallardo en las que hace referencia a una reunión anterior al comité del 26 de diciembre de 2003, "en que también se encontraba presente el señor Jorge Moreno, en la que se hablaba, al parecer, de la precaria situación de Quality".
Hace referencia también a las manifestaciones de Osuna afirmando que días antes del referido comité "pidió consentimiento al Ayuntamiento para apoyar a Quality manifestando que no sabía si el Ayuntamiento estaba de acuerdo". Así, en base a éstas y otras argumentaciones, considera "imprescindible" la imputación de Romaní para que aporte la información y explicaciones pertinentes sobre la malversación de fondos públicos ocurrida en la Zona Franca gaditana.
Cabe señalar que la juez ha llamado a declarar este viernes en calidad de testigo a Jorge Moreno, coordinador del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de la capital. Moreno estaba citado el pasado 22 de noviembre, si bien su declaración tuvo que posponerse al presentar ese día un certificado médico que acreditaba su imposibilidad de hacerlo.
