La ex alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, ha emitido este mediodía un comunicado a raíz de la divulgación del escrito de la Fiscalía por el caso PTA en el que niega todas las acusaciones vertidas en su contra y arremete a su vez por la filtración del documento sin que ni siquiera su defensa tuviera constancia del mismo.
El comunicado expone lo siguiente:
"Ante la información aparecida en el día de hoy acerca del procedimiento que se sigue en mi contra por presunto delito de malversación y otros, en relación con el Parque Tecnológico Agroalimentario, es conveniente realizar las siguientes precisiones:
En primer lugar, he de lamentar profundamente que, una vez más, conozco informaciones relevantes de procedimientos judiciales a través de los medios de comunicación, y no a través de los cauces judiciales habituales, como sería lo lógico, lo legal y lo deseable. La Justicia que más que alimentar el respeto a la presunción de inocencia de los ciudadanos, alimenta su linchamiento público, deja de ser justicia para convertirse en inquisición.
Por tal razón, es mi propósito recurrir a cuantos cauces legales me amparan para mostrar mi disconformidad con tal proceder, por lo que es mi voluntad poner lo acontecido en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a los efectos, incluso penales, que procedan.
En contra de lo que se afirma en las informaciones publicadas, y supongo que en contra de lo que las acusaciones sostienen en unos escritos procesales que ni siquiera han sido notificados a mi defensa, es absolutamente falso que entre el Ayuntamiento de Jerez, o entre cualquiera de sus empresas u organismos públicos de él dependientes, y la empresa TECNOLOGÍA INNOVACIÓN SANITARIA, se produjeran flujos económicos de ningún tipo. Quien sostenga lo contrario falsea la realidad de forma deliberada. El Ayuntamiento de Jerez no satisfizo subvención alguna, ni en relación con el PTA ni con ningún otro motivo, a dicha entidad. Lo que se hizo, al igual que con otras empresas ubicadas en dicho Parque, fue anunciar la voluntad de minorar, de disminuir, en el porcentaje aprobado por los organismos competentes, el precio de adquisición de los terrenos en venta. Por tanto, no se pagó cantidad alguna ni a esa empresa TECNOLOGÍA INNOVACIÓN SANITARIA ni a ninguna otra. Simplemente, se le ofreció la posibilidad de adquirir los terrenos, y con ello propiciar una inversión multimillonaria con la creación correlativa de numerosos puestos de trabajo, al precio acordado por las instituciones competentes.
En consecuencia, es descabellado sostener la existencia de malversación de fondos públicos. Del Ayuntamiento de Jerez no salió ni un solo euro destinado a la repetida empresa. No hubo quebranto económico para el Ayuntamiento jerezano ni, como queda dicho, existió desembolso alguno de fondos públicos.
Igualmente, es absolutamente falso que, como al parecer se afirma por las acusaciones, la que suscribe actuara “a su libre albedrío y sin hacerle caso al gerente de Emusujesa, Sebastián Rubiales, “y con la intención nuevamente de beneficiar a Tinsa”, dictó una resolución en la cual accedió a que Tinsa sustituyera el aval bancario para eliminar el derecho de reversión a favor de Emusujesa para el caso de incumplimiento de las obligaciones de la venta.” Tal afirmación es absolutamente mendaz. Lo que informó el mencionado funcionario fue que si se sustituía aval por convenio, debería hacerse para todos los adquirentes. Lo que efectivamente así se hizo, de forma tal que fueron muchas las empresas instaladas en el parque a las que se eximió de la obligación de presentar aval dadas las dificultades que encontraban por parte de los bancos para adquirir dichos avales ya en los inicios de la crisis.
Posteriormente, y este hecho crucial se omite de forma intencionada, la tan repetida empresa TECNOLOGÍA INNOVACIÓN SANITARIA desistió de su voluntad de instalarse en el PTA y, por tanto, de adquirir los terrenos, lo que supone que quedaba sin efecto la decisión municipal de disminución del precio de adquisición. En efecto, la citada entidad presentó diferentes escritos ante el Ayuntamiento jerezano solicitando la resolución de la compraventa efectuada, pese a lo cual el Ayuntamiento, bajo el actual equipo de gobierno, aún, a la fecha en que estamos, más de dos años después de tal solicitud, no ha accedido a la misma, pasividad municipal que mal se compadece con el perjuicio que se dice causado a las arcas municipales.
Del mismo modo, es rigurosamente falso que yo dictase, como Alcaldesa de Jerez, resolución injusta alguna tendente a beneficiar ni a la repetida empresa ni a ninguna otra.
No obstante todo lo anterior, he de manifestar que lo que se ha publicado no es más que la opinión de una parte que, debiendo velar por el principio de legalidad, yerra en sus apreciaciones y deforma la realidad. Han hablado las acusaciones pero quienes tienen que hablar son los Jueces, y confío en que lo hagan en su día dictando una sentencia absolutoria que reponga el honor mío y de mi familia que se ha visto mancillado con las informaciones publicadas que, una vez más lo digo, relatan hechos inciertos. Hasta entonces, mi confianza en la justicia sigue intacta y sobrellevaré el linchamiento público a que se me condena con la dignidad y entereza que mi conciencia me proporcionan".