La Fiscalía de Sevilla ha solicitado cinco años de cárcel para el exgerente de una empresa municipal de Coria del Río acusado de destinar fondos de la sociedad a "sobresueldos" para los trabajadores de la misma, hechos que serán enjuiciados por un jurado popular a partir del próximo viernes día 17 de enero.
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público relata que el imputado, A.J.B., trabajó en 2000 y 2001 como gerente de la empresa 'Emacsa', participada en un 100 por cien por el Ayuntamiento coriano, y cuyo objeto social era la explotación agrícola de la finca 'La Dehesa'.
A lo largo de estos dos años, "y con ánimo de enriquecerse a costa del capital público", el acusado destinó fondos de la sociedad a la compra de efectos cuyo destino "no era servir al objeto social" de 'Emacsa', "sino el de ser regalados a los trabajadores de la empresa a modo de sobresueldos".
Asimismo, "firmó los documentos precisos" para que trabajadores "que no habían prestado" sus servicios en la finca, sino que habían trabajado para el Ayuntamiento en otros puestos o ni siquiera habían desempeñado trabajo alguno --los casos de su esposa y de su hija--, pudieran justificar el número mínimo de peonadas necesarias para adquirir el derecho a percibir el subsidio agrario.
De igual modo, y según el fiscal, el imputado "abonó mediante cheques nominativos" las nóminas correspondientes a dichas peonadas, las cuales "eran posteriormente devueltas por los trabajadores beneficiarios, incorporándolas el acusado a su patrimonio".
Así, el importe de las peonadas abonadas por la empresa en el año 2000 alcanzó un total de 13.992,67 euros, mientras que en 2001 el importe de las nóminas correspondientes a las peonadas "falsas" fue de 16.377,68 euros. Asimismo, el importe de las facturas correspondientes a bienes "inexistentes" en la finca y que fueron destinados a regalos ascendió en ese periodo a 10.820,58 euros.
La Fiscalía acusa al imputado de un delito de malversación de caudales públicos en concurso ideal con un delito de falsedad en documento oficial, por lo que pide para el acusado cinco años de prisión, nueve años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 41.190 euros en concepto tanto de facturas "sin justificar" como de peonadas "irregulares".
