La juez Mercedes Alaya ha decidido prorrogar el secreto de sumario que pesa desde el pasado mes de septiembre sobre la causa en torno a las irregularidades descubiertas en la contabilidad de UGT-A, con el presunto desvío de subvenciones públicas para gastos ajenos al objeto de dichas ayudas y el falseamiento de facturas para justificar el gasto de tales subvenciones.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado este lunes un auto en el que prorroga el secreto total de las actuaciones que fue acordado por auto de 12 de septiembre del pasado año 2013 por plazo no superior a un mes.
La juez toma esta decisión, según las fuentes, a fin de que los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "completen las diligencias de investigación que vienen practicando".
En el auto de prórroga, la magistrada instructora insta a la Guardia Civil, asimismo, "a que dé cuenta periódica del avance de sus investigaciones".
El pasado mes de diciembre, la Guardia Civil, dentro de la operación 'Cirene', registró la sede central del sindicato UGT Andalucía para realizar un registro por orden de la juez Mercedes Alaya en el marco de la investigación sobre el uso de fondos de formación.
Además, los agentes practicaron sendos registros en las sedes de varias empresas relacionadas con los cursos de formación de UGT-A.
Hay que recordar, en esta línea, que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decidió remitir el pasado mes de diciembre a Alaya la investigación sobre la participación del secretario general de UGT Cándido Méndez y el tesorero Antonio Retamino en la presunta financiación del sindicato a través de fondos destinados a la formación.
El magistrado siguió así el criterio del Ministerio Público, que le solicitó en un escrito que se inhibiera a favor de la magistrada, ya que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que dirige Alaya, ya investiga al sindicato.
