in comerlo ni beberlo, entre 900 y 1.000 emigrantes jerezanos retornados, los mismos que un día hicieron las maletas “para ayudar al país”, se marcharon al extranjero en busca de trabajo y después pudieron volver para pasar su vejez o el resto de su vida en su tierra, podrían tener que hacer frente a los pagos de entre 15.000 a 25.000 euros que les exige la Agencia Tributaria. El requerimiento por el que ya se está movilizando AGADER (Asociación Gaditana de Emigrantes Retornados), a la que el PSOE le ha tendido también la mano pese a su carácter apolítico con la puesta en marcha de una proposición de ley en el Congreso y una moción en el próximo Pleno del Ayuntamiento para regularizar la situación de este colectivo, les ha llegado ya a unas 150 personas. En estos avisos, se les exige el abono de las liquidaciones del IRPF por las pensiones que recibieron en su estancia en el extranjero, que en algunos casos ha derivado ya en el inicio de un expediente sancionador.
El pasado viernes unos 200 abuelos, algunos en compañía de sus hijos, asistían a una reunión informativa convocada por AGADER y a la que también acudió la parlamentaria socialista Mamen Sánchez, la secretaria local del PSOE, Miriam Alconchel, y el concejal socialista José Manuel Jiménez para asesorarles y atender todas las dudas de este colectivo, que, por cierto, eran muchas. La mayoría de ellos no tiene claro qué va a pasar, pero sí que su pensión no podría soportar unas sanciones como las referidas anteriormente.
Antonio, vecino de Jerez, de 78 años, se fue a trabajar a Francia para trabajar en la construcción del ferrocarril. Apenas estuvo un año, y su pensión entonces no superaba los 300 euros. El viernes acudió a la reunión informativa en el Hotel Guadalete, “porque estoy en la asociación y me han avisado” y sin ocultar su preocupación por lo que se le pueda venir encima. “Como no llegaba al tope nadie me dijo que tenía que declararla”, apuntaba.
Y es que, como señalaba la presidenta de la asociación, Eva Foncubierta, el “único delito” cometido por este colectivo es haber “confiado” en lo que se les trasladaba desde la Agencia Tributaria, organismo en el que, como relataba este ciudadano afectado, se les informaba de que estaban exentos de cargos. Sin embargo, pese a tratarse de uno de los colectivos más vulnerables y que con la crisis están manteniendo a hijos y nietos con su pensión, ahora se les da el trato de “defraudadores”, criticaron desde el PSOE, e incluso de “delincuentes fiscales”, un extremo que no están dispuestos a tolerar y en el que, de momento, el Ministerio de Cristóbal Montoro está siendo implacable. En AGADER tienen claro que además del “afán recaudatorio” con las personas “que menos tienen” detrás de esta decisión también hay “mala fe”, ya que además de las sanciones, Hacienda está aplicando intereses de demora que llegan a triplicar la cantidad inicial de la multa. Por ello, desde la asociación han dado una serie de pautas que pasan sobre todo por reclamar siempre con el asesoramiento de esta asociación.
Otra ciudadana, con 70 años y seis hijos, viuda de emigrante retornado, también mostraba su inquietud por cómo le puede afectar este requerimiento. “Mi marido se iba por temporadas a Francia a trabajar; no sabemos qué va a pasar, pero de momento no me ha llegado nada”. Hay que tener en cuenta que la defunción no les exime de pagar, puesto que a AGADER le consta que Hacienda está remitiendo requerimientos a los cónyuges o los herederos en estos supuestos. El PSOE, además, solicita la práctica autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses.
