El Partido Popular de La Línea llevará a la Fiscalía a la alcaldesa de La Línea, Gemma Araujo (PSOE), por vulnerar los derechos de la oposición al no facilitar documentación requerida. El concejal popular Joaquín Ferrá señaló ayer en rueda de prensa que “no nos ha entregado los movimientos de la tarjeta de Alcaldía; ni tampoco el convenio para la cesión de la radio municipal”.
Ferrá explicó que ya se han agotado todos los plazos formales para dar esa documentación y que no se ha realizado. También explicó que el convenio con la radio de 2012 ya no es válido “porque con la persona que se firmó ha fallecido”; y además la radio actual tiene publicidad y su contenido no es cultural, como estipula su cesión”.
El PP también acusó al equipo de gobierno de usar el vehículo oficial para desplazar a una concejal dos veces por semana a Marbella.
La edil popular García-Mellado también negó la acusación de que se hubiera apropiado de 1.500 euros “es otra falsedad” y recordó que el caso Roseworld va a salirle muy caro al Ayuntamiento por la decisión absurda de la alcaldesa de recurrir una sentencia interpuesta y ganada por el PSOE. “Vuelve a echar balones fuera, y no gobierna”, espetó Mellado.
La edil popular Inmaculada Olivero explicó que los libramientos de los que le acusaba Araujo no eran para ella, “era para los gastos urgentes de todo el equipo de gobierno”, y añadió “como ahora hacen también concejales del PSOE”.
Olivero demostró con un certificado del interventor que no existe ningún pago pendiente a cargo de ella.
Olivero también achacó “esas difamaciones de Araujo a su inmadurez política y a que no gobierna ni resuelve ningún problema de La Línea: ocho nóminas sin pagar, nula inversión, sin terrenos para Zona Franca, sin relaciones ni viajes a Madrid...”.
Barranco a Fiscalía
El PP también anunció ayer que va a a llevar a Asunción Barranco ante la Fiscalía, tras conocer la decisión de la edil socialista de presentar un recurso a la sentencia contra su demanda hacia el PP,
Para el PP la sentencia de la jueza no admite dudas ya que señala que Barranco realizó una acción ilícita “al autoinformarse” para solicitar una subvención para la realización de una operación quirúrgica, “una liposucción”, cuando era trabajadora de Mancomunidad del Campo de Gibraltar en 2008.
