El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mostrado su sorpresa y pesar por el desalojo de la Corrala Utopía en la mañana de este domingo por parte de las Fuerzas de Seguridad, así como su "consternación" por el desarrollo de estos hechos y porque "todos los intentos de mediar para una resolución beneficiosa para todas las partes hayan sido infructuosos". No obstante, ha instado a las partes a seguir buscando una solución para las familias afectadas, toda vez que asegura que ya había un principio de acuerdo entre la Junta y la entidad bancaria.
Según informa la Oficina del Defensor en un comunicado, para Maeztu, lo acontecido este domingo con estas personas "supone un duro contratiempo a las labores de mediación que esta Institución ha realizado desde el principio con el beneplácito de las administraciones, la entidad bancaria y los propios vecinos".
Y es que, prosigue, "hasta el día de hoy tenía la íntima convicción de que la solución era posible e inminente", por lo que este desalojo significa, en su opinión, "un importante revés tanto para esta mediación como para la negociación en curso por parte de la Consejería de Fomento, a través de AVRA, y la entidad financiera, Ibercaja, para una solución pacífica a la necesidad de vivienda de estas familias afectadas".
Asegura que ha intentado "por todos los medios a su alcance" que se pudiera evitar esta situación, y así lo ha reiterado en numerosas ocasiones a las administraciones y a la entidad bancaria propietaria del inmueble "para que agilizaran el acuerdo de solución que habían alcanzado con la mediación de la Institución y que implicaba el realojo transitorio de las familias ocupantes del edificio en tanto la Consejería de Fomento dispusiera de una respuesta definitiva a esta demanda, a la que se había comprometido con la implicación también del Ayuntamiento de Sevilla".
En paralelo, asegura que se había dirigido a la Delegación de Gobierno para informarle de este principio de acuerdo, "a la vez que había pedido a las administraciones que dieran cuenta al Juzgado del mismo y en los mismos términos".
Por ello, lamenta que la intervención policial llevada a cabo en la mañana de este domingo se produce en un momento en el que ese realojo transitorio no está garantizado, "por lo que conlleva una grave puesta en peligro de los derechos de familias en riesgo de exclusión social y muy especialmente de los menores".
Según el relato de Maeztu, "después de tantas reuniones de búsquedas de soluciones, propuestas, retrocesos y acercamientos, esta Defensoría, ante el dilema de agotarse el tiempo de la firma del principio de acuerdo entre la Alcaldía y la Consejería de Fomento y Vivienda que paralizara el auto judicial de desalojo; en la reunión en el Ayuntamiento, en presencia del propio Defensor, solicitó a Ibercaja una reunión proponiéndole unir las viviendas de alquiler que ya tenía concertadas en distintos puntos con las encontradas por AVRA, igualmente de alquiler, para distribuirlas a las 22 familias hasta que se hiciera cargo de las mismas, a 31 de octubre, la Consejería de Fomento y Vivienda".
Así las cosas, añade que el acuerdo entre Ibercaja y Avra "fue total" y, a día de hoy, estaba a punto de cerrarse la búsqueda definitiva para ejecutarla en los próximos días.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo Andaluz hace una vez más un llamamiento a Ibercaja y la Consejería Fomento para que continúen con este trabajo y cierren en los próximos días estos alojamientos citados, "evitando así las situaciones de dependencia residencial o falta de la misma en la que se puedan encontrar muchas de estas familias con menores a su cargo y las situaciones de dolor ante la incertidumbre que se crea por esta situación, confiando que este trabajo pueda concluir independientemente del desalojo ocurrido este domingo".
Para el Defensor del Pueblo Andaluz, ante este tipo de situaciones que se están extendiendo como consecuencia de la crisis económica, "urge que los poderes públicos responsables y las entidades financieras, como propietarias de muchos de los inmuebles, se sienten y busquen una solución a la imperiosa necesidad de vivienda de muchas familias andaluzas mientras que, por otro lado, muchas viviendas permanecen vacías y sin ocupar en nuestra Comunidad".
Finalmente, Maeztu ha reclamado una vez más a las Administraciones "una urgente estrategia en materia de vivienda que permita responder en su mejor medida ante las situaciones de emergencia residencial que se producen en Andalucía".
